El Gobierno regional defiende el Tajo-Segura y no le "sorprende" que Pedro Sánchez quiera cerrarlo

  • La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura es "imprescindible" para todo el Levante español y no le "sorprende" que la finalidad de la Ley de Transición Hidrológica en la que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea "acabar" con este acueducto.
La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo
La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo
EUROPA PRESS
La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo

Y es que el presidente del Gobierno de España "ya lo dejó entrever hace unos meses en un acto electoral en Albacete", cuando afirmó que "quería poner fin al trasvase Tajo-Segura", tal y como ha recordado la portavoz del Ejecutivo regional.

Arroyo ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntada por la repuesta parlamentaria en la que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció, respecto al Tajo-Segura, que elaborará una Ley de Transición Hidrológica que marcará las claves para poder trabajar en un escenario de reducción de disponibilidad hídrica de entorno al 20 o 30 por ciento.

A este respecto, Arroyo ha recordado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tiene programada una reunión el próximo 28 de noviembre con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que trasladará que la infraestructura del trasvase Tajo-Segura es "imprescindible".

"Precisamente, es la infraestructura ecológica que necesitamos para luchar contra el cambio climático", ha defendido Arroyo, quien ha asegurado que el Gobierno murciano va a seguir defendiendo que el Tajo-Segura "es una infraestructura imprescindible, no solamente para la Región de Murcia, sino para todo el Levante español".

"Tiene que llegar agua a través de esta infraestructura desde las cuencas excedentarias a las que lo necesitamos", según la portavoz del Gobierno murciano.

Ha asegurado que el Ejecutivo regional seguirá manteniendo un mensaje de "solidaridad" y que la solución "tiene que llegar, precisamente, sin ocasionar más daños a un sector estratégico en España que parte del sureste español como es el de la agricultura y el sector agroalimentario".

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