Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén haya citado a declarar en calidad de investigado al exparlamentario andaluz Miguel Ángel García Anguita y sobre la posible incidencia en las próximas municipales de un caso en el que también aparece como investigado el exalcalde de Jaén y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

En primer lugar, Requena ha expresado el "respeto absoluto hacia cualquier tipo de decisión y pronunciamiento judicial", al tiempo que ha señalado que su formación "cree en la presunción de inocencia de todas las personas que sean llamadas como investigadas a cualquier proceso judicial".

A partir de ahí, "ésta es la mejor manera de garantizar la defensa de cada una de las personas que han sido llamadas a la investigación", según Requena, para el que el "compromiso con la provincia de Jaén y con el municipalismo va mucho más allá de algunas personas" y forma "un equipo completo y compacto", que "está ilusionado y con ganas de trabajar en cada uno de los 97 municipios".

"El único reto que tenemos nosotros es nuestra gente, nuestros administrados y nosotros mismos con buscar ese compromiso en cada uno de los municipios. Y, a partir de ahí, presunción de inocencia en cada uno de los casos y respeto absoluto a cualquier tipo de decisión judicial. No altera en nada nuestra agenda ni nuestro compromiso", ha asegurado el dirigente 'popular'.

Con la citación de García Anguita se elevan a diez las personas investigadas en esta causa que se centra en la diferencia en la facturación soportada por el Consistorio de la capital por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales entre una anualidad por la anterior empresa Imesapi y otra de Matinsreg y que habría generado "un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros".

Los hechos por los que están investigados podrían constituir, según apunta el juez instructor en su auto inicial, delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento". En dichos reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén".