Así, han criticado que los inversores "se lleven el rendimiento económico y los beneficios soportados en una alta tasa de parcialidad, temporalidad y bajos salarios en los contratos". "No se trata de que pocos ganen mucho y muchos ganen poco, y la media da que todos ganamos y todos crecemos. Se trata de crecer redistribuyendo las ganancias de manera justa", han sostenido.

En este punto, han indicado que favorecer la cohesión social en la provincia "significa que más de 21.000 personas con más de cuatro años en el desempleo tiene que ser una prioridad para el futuro gobierno de Andalucía". Además de que los programas de recualificación, formación y empleo "deben tener suficiente presupuesto para volver a crear ilusión, esperanza y empleo para estas personas expuestas a la pobreza y la exclusión".

"Favorecer la cohesión social en Málaga significa que 80.000 personas necesitan de un empleo que les genere unos ingresos dignos o prestaciones sociales, pues carecen de recursos económicos alguno para subsistir", han lamentado en rueda de prensa, reclamando políticas de empleo "serias" y salarios y condiciones laborales "dignas".

Según los sindicalistas, la población trabajadora malagueña "no sólo tiene peores salarios sino que además tiene un nivel de gasto por encima de la media española del entorno del 0,8 por ciento del IPC".

Por ello, han redactado un documento con las propuestas para las formaciones sobre fiscalidad, criticando que se hable de "bajada masiva de impuestos": "No puede ser eso y que se ofrezcan servicios públicos gratuitos para el conjunto de la población. Si no tenemos ingresos, no podemos mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, etcétera".

También abordan otros asuntos como la financiación autonómica, un demandan un modelo económico "sostenible", planes de choque para generar empleo; recuperar inversiones en I+D+i; infraestructuras, un plan de movilidad para Málaga y su entorno metropolitano; impulsar la rehabilitación urbana y la eficiencia energética; así como un auditorio para la ciudad y "recuperar el consenso en los horarios comerciales".

Han criticado los problemas de movilidad que afectan al PTA; han pedido que se garanticen las ayudas a la dependencia y la mejora de la financiación de la misma, un plan específico para vivienda protegida y alquiler social, más aún teniendo en cuenta las dificultades de acceso ante el bum de las viviendas de uso turístico.

Sobre sanidad han solicitado una oferta pública de empleo de 800 profesionales anuales para garantizar la reposición de todos los jubilados, el tercer hospital en la capital y otros por la provincia, reforzar la investigación, etcétera. En Educación solicitan reforzar la FP, reducir el número de alumnos a 20 por aula, equiparación salarial para los profesores, dignificar el empleo interino, entre otras cuestiones.

En el ámbito de la Secretaría de la Mujer, solicitan planes de igualdad, crear un cuerpo especializado dentro de la Inspección de Trabajo para garantizar la aplicación de la igualdad, eliminar las "brechas de género", reducción de la jornada de 40 a 35 horas sin reducción salarial, aumentar los permisos de maternidad y paternidad, posibilidad de concreción horaria sin reducción de jornada para personas con menores o dependientes a su cargo, eliminar la "disponibilidad horaria", etcétera.

La renta básica, aspectos en materia de lucha contra la violencia de género como más competencias para estos juzgados especializados, medidas especiales para mujeres inmigrantes, acceso a viviendas protegidas para víctimas de violencia; campañas informativas sobre los derechos laborales de estas trabajadoras, entre otras acciones.