Un total de 1.075 viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, 950 de ellos para alquiler, se iniciarán, desde el ámbito público, en 2019 en Euskadi, donde el porcentaje de intervención pública sobre el total de viviendas de alquiler superará el 40%.

Estos datos han sido dados a conocer por el consejero, Iñaki Arriola, que ha presentado en comisión en el Parlamento vasco el detalle de los Presupuestos de su Departamento para 2019 que se incrementan un 8,4% hasta alcanzar la cifra de 223,3 millones, siendo el Departamento que más crece en términos porcentuales de todo el Gobierno.

La cantidad más importante en términos absolutos corresponde al área de Vivienda, con 141,8 millones, una cuantía que asciende a 276,7 millones si se suman los presupuestos de Alokabide y Visesa. Por su parte, el área de Medio Ambiente va a gestionar 65,8 millones y la de Planificación Territorial, 9,4 millones.

En materia de Vivienda, el presupuesto asciende a 141,8 millones, un 12% más que en 2017. No obstante, ha precisado que, para determinar la capacidad presupuestaria de las políticas de gasto directo en materia de vivienda para este ejercicio, hay que añadir los presupuestos de Visesa (117,5 millones) y Alokabide (84,1 millones).

Por lo tanto, el presupuesto de gastos en vivienda se sitúa en 342,4 millones, y, una vez descontadas las operaciones y transferencias internas, será de 276,7 millones, un 6% más.

Según ha destacado, de esta cifra total, el 72% es gasto directamente imputable a políticas de alquiler y el 22% a políticas de rehabilitación urbana. Por lo tanto, en términos netos, descontando la rehabilitación, el 92% del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler, según ha apuntado, "por encima de los términos fijados en la Ley de Vivienda".

Arriola ha estimado que la intervención pública llegará a más del 40% del parque de viviendas en alquiler de Euskadi el próximo año, un porcentaje que reconoce que "no es suficiente", aunque "no tiene parangón en España y tampoco en Europa".

El 88% de la iniciativa de los entes públicos de vivienda se destinan al alquiler. Así, se prevé iniciar 1.075 viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales sujetos a iniciativa pública, de los cuales 950 lo serán en alquiler. De estos últimos, 250 los promoverá el Departamento (26,4 millones en créditos de pago y compromisos), 350 Visesa (7,4 millones), 125 ayuntamientos (12,0 millones) y 75 serán promovidos sobre suelos del Departamento por cooperativas en régimen de cesión de uso.

En el caso del contrato programa con Visesa, el 74% de su actividad (350 viviendas de un total de 475 a iniciar) lo serán en alquiler, porcentaje que alcanzará ya el 100% en 2020, con el inicio de 475 viviendas íntegramente en alquiler.

Arriola ha repasado los objetivos del programa de Vivienda, entre ellos desarrollar reglamentariamente la Ley de Vivienda y garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda. Al cierre de 2019, se habrán desarrollado hasta 8 reglamentos de la Ley, incluido el relativo al Derecho Subjetivo a la Vivienda y el Decreto de Viviendas Deshabitadas.

El consejero ha estimado en 5.000 el número de hogares que tendrán reconocido el Derecho subjetivo a la Vivienda al cierre de ejercicio. La partida para cubrir las prestaciones económicas de vivienda se ha dotado con una partida ampliable de 3 millones.

Otro objetivo será incrementar la oferta pública de alquiler a precios asequibles. En 2019 se iniciarán 950 alojamientos dotacionales y viviendas protegidas de alquiler. La previsión es que al cierre de 2019 Bizigune cuente con 5.900 viviendas captadas y ASAP con 500.

Por otra parte, ha adelantado que en enero entrará en vigor el nuevo Programa Gaztelagun 2018-2021, que busca apoyar el acceso a una vivienda

en régimen de alquiler a los jóvenes, mediante la concesión de ayudas directas para el abono de parte de la renta. Se plantea como objetivo conceder ayudas directas a 6.000 personas jóvenes entre 23 y 35 años hasta 2021 (2.500 de ellos en 2019), destinando para ello 50,75 millones de euros (5 millones de euros en 2019).

También se apostará por una nueva política de rehabilitación y el próximo año más de 1 de cada 5 euros de gasto en vivienda se destinarán a políticas de rehabilitación urbana. El Plan Renove Rehabilitación contará con 21 millones para subvencionar a particulares y comunidades de propietarios la rehabilitación de edificios y viviendas, 6,3 millones para la financiación de proyectos de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por parte de entidades locales y otros 6,4 millones para el fomento de la eficiencia energética de grupos de edificios.

Otro de los objetivos es optimizar la eficiencia de la política de

vivienda y, en relación al control de la función social de la vivienda, está prevista la inspección de otras 9.500 viviendas del parque público protegido.

En su intervención, también ha dado a conocer que finalmente se regulara por ley lo relativo a la apertura de grandes superficies fuera de las ciudades, después de que el Tribunal Supremo anulara el límite máximo de 25.000 metros cuadrados para las aperturas que se fijaba en el Plan Territorial Sectorial. Arriola ha indicado que no se puede revisar el PTS mediante decreto sino que se hará por ley, pero no cree que será posible hacer las modificaciones hasta final del próximo año no se llevar a cabo.

MEDIO AMBIENTE

Por su parte, el presupuesto del área medioambiental (65,8 millones) crece un 1,29% y se articula en torno a seis objetivos estratégicos como son Protección del Patrimonio Natural con un presupuesto de 4,6 millones de euros de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

Las actuaciones en economía circular, gestión de residuos y cambio climático cuentan con un presupuesto de 4,1 millones de euros. En relación con el medio ambiente saludable, la calidad ambiental cuenta con un presupuesto de 41,9 millones de euros. En este capítulo se incluyen las transferencias del Departamento a la Agencia Vasca del Agua-URA por 37,5 millones.

Por su parte, a la mejora de la red de calidad del aire se destinan 1,2 millones, a los que hay que añadir una inversión extraordinaria de 1,8 millones adicionales para su modernización, adquisición de nuevas unidades móviles y realización de estudios.

En el área de sostenibilidad del Territorio se dispondrá de 2,1 millones de euros. Dentro del objetivo cinco relativo a integración ambiental, está previsto que el programa de Educación Ambiental cuenta con 2.67 millones.

Por su parte, la mejora de la Administración Ambiental dispone de 1.2 millones centrados sobre todo en el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Ambiental (353.045 euros) y las actuaciones de inspección ambiental (445.976 euros). Al capítulo de proyección y responsabilidad internacional de Euskadi, se destinarán 53.500 euros.

Arriola ha adelantado que el próximo ejercicio se procederá a la evaluación del actual Programa Marco Ambiental y la redacción del nuevo Programa Marco y también se prevé finalizar la elaboración de los proyectos de la Ley de Administración Ambiental y de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural, además de dar paso a la tramitación del proyecto de la Ley Vasca de Cambio Climático.

Arriola también ha destacado que la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe cuenta para 2019 con un presupuesto de 10,97 millonesf. La Agencia Vasca del Agua-URA, contará con un presupuesto de 42,9 millones.

Por su parte, el área de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana va a disponer de un presupuesto de 9,4 millones, un 18% más que en 2018. El presupuesto destinado a la regeneración urbana asciende a 5.132.000 euros.