En su opinión, la respuesta es "llamativa, ya que hasta ellos mismos reconocen que los vínculos existentes con Coalición Canaria son de público conocimiento, según manifiestan en su escrito".

Así, informa de que el escrito de recusación fue registrado por el abogado por vía telemática en menos de 48 horas tras la firma de Doreste como presidente del órgano que decidía reclamar a la Fiscalía un plazo de cinco días para entregar su informe, un informe no vinculante.

"Hasta ese momento Doreste no ha aparecido como firmante de los escritos vinculados al caso grúas", explica.

El concejal lagunero asegura que su grupo no comparte el criterio del TSJC y espera que "no suponga el más mínimo intento de forzar un archivo express de la causa mientras Clavijo disfruta de un plazo incrementado de aforamiento, intentando que el presunto vínculo político con Doreste sople a su favor".

En el momento actual, los asesores jurídicos de Unid@s se puede apuntan que "el único camino que queda es que el TSJC se de la misma prisa que se han tomado en rechazar el recurso para pasar el caso al juzgado número dos, con lo que la repercusión del escrito del TSJC rechazando la recusación no tendrá una incidencia real".

Similar opinión es la que han hecho voces, como la del portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, destacan desde Unid@s se Puede.

Ascanio considera "inaudito" que se argumente que Doreste era parte de este caso desde finales de 2017, ya que "en el nombramiento de tribunal no aparecía el magistrado y su nombre solo aparece en el escrito del 31 de octubre, en el que pedía en cinco días el informe de la Fiscalía".

Así, anuncia que estudiarán la posible nulidad del escrito de la magistrada Margarita Varona, "aunque entendemos que el mismo no supondrá ningún impedimento para que, con la misma rapidez, asuman el hecho de que el nuevo Estatuto de Autonomía ya es efectivo y por tanto Clavijo debe ser juzgado como todo hijo de vecino".

VEN "NERVIOSISMO" EN CC

Con respecto a las declaraciones de Fernando Clavijo sobre que el retraso en este caso afecta a sus derechos, el edil de la confluencia lagunera indica que "los derechos que se han visto en peligro en este caso son los de los vecinos y vecinas de La Laguna, que han tenido que pagar un alto coste, superior al de la gestión directa, para construir una empresa con la que colocar a afines a dedo, a la que se le prestaron 120.000 euros de dinero público cuando los informes indicaban que tenían más de 300.000 euros en deudas y tenía incumplimientos muy graves o gravísimos del pliego de condiciones, solo con el fin de poder renovar la concesión en 2014".

Ascanio ve en las declaraciones de los diversos responsables de Coalición Canaria en las últimas horas "el nerviosismo de quienes saben que el régimen en el que han sustentado su poder, basado en las redes clientelares y el control del poder, está muy próximo a caer".