La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha acordado el archivo de las diligencias informativas abiertas sobre la recalificación de la finca Lo Poyo, denunciada en octubre de 2006 por el PSOE por un presunto delito de tráfico de influencias.

El decreto de archivo indica que se ha acordado esta medida al transcurrir el plazo de investigación de que dispone el fiscal "sin que se hayan concretado en persona determinada las sospechas sobre la existencia de ilícitos penales en la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, en la finca Lo Poyo.

Y añade que también ha influido el hecho de que la citada modificación no ha llegado aún a su aprobación definitiva, "encontrándose actualmente suspendida su tramitación, siendo por tanto la aprobación inicial un mero proyecto de intenciones".

No obstante, la Fiscalía afirma que el acuerdo se adopta "sin perjuicio de poder acordar la apertura de otra investigación si, tras su aprobación definitiva, se apreciaran méritos suficientes para ello".

El proyecto de recalificación de la mencionada finca, situada en la costa del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena, fue denunciado en 1988 por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) por carecer de declaración de impacto ambiental.

Tras cambiar de propietario en varias ocasiones, el proyecto urbanístico fue denunciado en octubre de 2006 ante la Fiscalía del TSJ por el PSOE, al considerar que en la reclasificación de los terrenos podría haberse cometido un supuesto delito de tráfico de influencias.

El Partido Socialista incluyó en su denuncia una relación de hechos que presuntamente vincularían el mencionado proyecto urbanístico a Juan Antonio Roca, implicado en el "caso Malaya".

El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, anunció en octubre de 2006 la paralización del expediente urbanístico de Lo Poyo, que un año antes había recibido la Declaración de Impacto Ambiental del Ejecutivo Regional.