Dos de los tres acusados por tráfico de drogas aceptan los hechos y el tercero mantiene su inocencia

  • Dos de los tres acusados de un delito de tráfico de drogas han reconocido este martes los hechos y llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, por lo que finalmente no entrarán en prisión.

Así, el acusado para el que se reclamaba cinco años de prisión ha aceptado una pena de tres años y nueve meses, tras llegar su letrado, José Manuel Fernández González a un acuerdo con el Ministerio Fiscal.

Por su parte el procesado que se enfrentaba a una pena de cuatro años ha aceptado una pena de tres. Su defensa ha estado ejercida por el letrado Sergio Herrero.

El tercero de los procesados para el que se piden seis años de prisión, defendido por Ricardo Builla, no ha aceptado el acuerdo con la Fiscalía al mantener su inocencia, por lo que el juicio ha seguido adelante.

Durante la celebración del mismo el acusado ha indicado que en el momento de los hechos tenía trabajo como mecánico y ha negado cualquier tipo de relación con la compra venta de cocaína ni con todas las sustancias y bienes aprendidos por la policía en la operación por la que se le juzga.

Los agentes de la Policía que han prestado declaración han asegurado que el acusado mantenía relaciones con el resto de los acusados por tráfico de droga que han prestado conformidad.

ESCRITO DEL FISCAL

Según el Ministerio Fiscal los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, al menos desde el inicio de las investigaciones, en el mes de abril de 2016. Uno de los hombres actuaba como intermediario entre los proveedores y otro de los acusados ya que disponía de un complejo hotelero en Riosa, carente de actividad, donde guardaban las sustancias.

En el registro del complejo se encontraron 16.970 euros procedentes del tráfico de drogas, un televisor de 55 pulgadas valorado en 1.300 euros, una consola, una barra de sonido valorada en 130 euros, un ordenador valorado en 1.000 euros y dos teléfonos móviles.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y pide para los acusados penas de entre 4 y 6 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multas de entre 172.000 y 234.500 euros.

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