El Fiscal pedía para el acusado una pena de cinco años de cárcel por dos delitos de corrupción de menores tras abordar en Oviedo a dos chicas de 15 y 16 años y ofrecerles dinero a cambio de mantener relaciones, así como lanzarles todo tipo de improperios y comentarios de índole sexual.

Según recoge el escrito de Fiscalía sobre las 13.20 horas del día 31 de enero, el acusado se acercó a dos menores que se encontraban fumando un cigarrillo sentadas en un banco próximo a la puerta principal del Centro comercial Los Prados, en Oviedo.

El procesado se dirigió a una de ellas diciéndole "los jóvenes de hoy en día no pasáis frío", mirándola fijamente al pecho, haciéndoles comentarios sobre lo fácil que resultaba comprar hachís para hacerse un porro, pero que para eso hacía falta dinero, añadiendo "para eso echas un kiki y ya está, si venís conmigo podéis conseguir dinero, además también es muy fácil ponerse en una esquina".

Las chicas le contestaron que era tabaco lo que fumaban, porque estaban en un centro de menores y no disponían de dinero. Él les preguntó entonces si tenían novio y su edad, contestándole una de ellas que tenían 15 y 16 años respectivamente.

Según Fiscalía, el acusado continuó hablando mientras "gesticulaba con la boca, mordiéndose el labio, sacando la lengua, preguntándole a una de las jóvenes qué tal se le daba el francés, al tiempo que hacía gestos inapropiados". Acto seguido el acusado se dirigió a la segunda de las jóvenes preguntándole sí "hacía trabajitos" y diciéndole "te doy 10 euros por una hora en los baños, en 45 minutos por 10 euros podrías dejarme seco y si quieres en casa tengo más dinero".

La chica, simulando que accedía a sus pretensiones con el fin de entrar en el centro comercial para solicitar ayuda, se dirigió a un vigilante de seguridad, contándole lo sucedido. El vigilante retuvo al acusado cuando salía de los baños, hasta la llegada de la Policía, que lo detuvo.

Consideraba el Fiscal que los hechos relatados son constitutivos de dos delitos de corrupción de menores y solicitaba cinco años de prisión y la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, consistente en la prohibición de aproximarse a las jóvenes, a su domicilio, centro educativo u otro frecuentado por la misma, en un radio inferior a 500 metros y de comunicarse con la misma por cualquier medio, por un período de 7 años.

Por vía de responsabilidad civil se pedía que el acusado fuese condenado a pagar a las chicas 1.000 euros a cada una de ellas, en las personas de sus representantes legales, por el daño moral sufrido, con los incrementos previstos legalmente.