"Esta ley trae detrás el respaldo de los sindicatos, de los alcaldes, de la gente, del sector del taxi, del sector de los autobuses...", ha enumerado Blanco Llamas ente las críticas de Cs a lo "despacito" que ha ido la "ley Fonsi" y al que ha recordado la "urgencia" de adaptar la norma ya que en diciembre de 2019 "sí o sí" se acabarán las actuales concesiones, como han asumido el resto de los grupos que han coincidido en la necesidad de aprovechar la tramitación parlamentaria para avanzar y consensuar mejoras y recoger por ejemplo las aspiraciones del sector del taxi, como ha augurado el socialista Celestino Rodríguez.

En el caso concreto de Ciudadanos, la procuradora Belén Rosado ha advertido de que el proyecto de Ley es "inoportuno" y está "herido de muerte" ya que no se adecua a las necesidades de los castellanoleoneses y a algunos de los "tsunamis" tecnológicos que vendrán en un futuro, como las VTC o los vehículos autónomos, que "nos van a aplastar", y ha lamentado que Castilla y León no haya liderado un asunto en el que tenía que haber sido un "agente de cambio" y haberse convertido en un referente a nivel nacional.

"¿Cuándo es el momento para usted?", se ha preguntado por su parte el 'popular' Manuel García Martínez que ha explicado a Ciudadanos que en la vida hay que tomar decisiones y no ponerse "siempre de perfil" para afear, a modo de ejemplo, que no haya planteado ninguna enmienda parcial para mejorar el texto que critica.

En el caso del PSOE, Celestino Rodríguez ha abogado por incorporar "cambios sustanciales" en cuestiones como la participación ciudadana en los mapas de los transportes que se regulen en la Comunidad y en la financiación del transporte rural pero sí se ha mostrado convencido de que el proyecto de Ley tiene margen para armar un "consenso importante".

"A buen entendedor pocas palabras, trabajemos y pasemos de las palabras a los hechos", ha sentenciado Rodríguez que ha compartido la afirmación del propio consejero en el sentido de que no se trata de una ley del Parlamento, de los grupos o de la Junta ya que le pertenece al conjunto de los usuarios -77,5 millones de viajeros al año, 6.000 entidades de población, 225 empresas o las 2.300 familias de taxistas-.

Desde el Grupo Podemos, el procurador Carlos Eduardo Chávez ha dado la bienvenida al debate sobre las infraestructuras en Castilla y León con el deseo de que "no llegue tarde" tras 30 años de gobierno del PP al que ha afeado no haber legislado antes en la materia. "La urgencia hace que tengamos que encarar este tema sí o sí", ha asumido el procurador de la formación morada que ha puesto Alemania como ejemplo para defender el "derecho a la movilidad" y para apostar de forma decidida por un transporte gratuito que privilegie el público al privado.

En el caso del Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, ha apoyado las enmiendas a la totalidad de Cs y PSOE a un proyecto de ley "insuficiente" mientras que su compañero de bancada, Luis Mariano Santos, ha apostado por abstenerse ante la posibilidad de llegar a acuerdos en un "largo camino" a un texto "mejorable".

Según ha defendido el consejero cuando se apruebe esta ley Castilla y León dará un "salto cualitativo" en la ordenación del transporte público de viajeros por carretera con el objetivo de ofrecer un servicio "seguro, eficiente, moderno y de calidad" y ajustado a una comunidad "del siglo XXI" y a sus "singularidades, peculiaridades y características".

También ha explicado que esas peculiaridades socio-territoriales exigen "soluciones diferenciadas" respecto de otras zonas del territorio nacional para lo que se reconocerá "por primera vez" el transporte público de viajeros por carretera como un "servicio esencial y universal" por su "trascendencia instrumental" para acceder en condiciones de igualdad al resto de servicios básicos.

Suárez-Quiñones ha asegurado que la futura ley garantiza la accesibilidad universal del transporte público "en todo el territorio" donde haya un asentamiento fijo de población por lo que se convierte la movilidad en un "instrumento decisivo" en la lucha contra la despoblación.

Para ello, declara el transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano y urbano como servicio público de titularidad de la Administración y, en consecuencia, responsabiliza a la Administración de la "adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema" que se nutrirá de los ingresos tarifarios, la explotación de otros recursos adicionales y de las aportaciones públicas necesarias en el caso de que el servicio fuera deficitario.

Según sus datos, con más de 6.000 núcleos de población Castilla y León cuenta en la actualidad con más de 150 operadores y 300 títulos concesionales de transporte si bien se prevé la reducción de concesiones que rondarán las 80 para buscar el equilibrio entre la eficiencia y la calidad y dar oportunidades también a las empresas.

VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD

Otra de las novedades es que se tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte. Además, se incorporan las nuevas tecnologías al servicio del usuario y contribuye a la lucha contra el cambio climático al obligar a una 'movilidad sostenible' que será uno de los principios básicos de su aplicación.

Suárez-Quiñones ha significado también el reconocimiento legislativo del 'transporte a la demanda' y ha destacado la prestación conjunta de los servicios regulares de uso general y uso especial como herramienta adicional de optimización de los recursos destinados al transporte público con el "reconocimiento expreso" de la posibilidad de subcontratación, una figura "imprescindible" en un territorio tan extenso, en palabras del consejero.

Del mismo modo, ha destacado el régimen jurídico de los 'servicios integrados zonales' que serán "la fórmula preferente" de prestación de los servicios de transporte interurbano en Castilla y León desde el convencimiento de que es la que mejor se acomoda a las necesidades de movilidad.

En el ámbito del transporte urbano, la futura ley integra la regulación de la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León de 2002 y establece que los ayuntamientos pueden otorgar autorizaciones habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros en autobús, licencias para el transporte urbano en taxi y posibles autorizaciones de servicios de transporte turístico.

Por último, otorga protagonismo a las estaciones de transporte de viajeros por carretera para que Castilla y León cuente con infraestructuras modernas y adecuadas, destinadas al servicio público general, que respondan a criterios de modernización, máximo confort y seguridad. Para ello, se determinan unos requisitos homogéneos para todas pero adaptados al volumen de expediciones de transporte anuales.