El PAR pide eliminar la plusvalía en la venta de viviendas que han bajado de precio desde la crisis

  • El grupo del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes autonómicas ha registrado una proposición no de ley para que se elimine el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, en la venta de viviendas que han bajado de precio desde la crisis.
La diputada del PAR, Elena Allué, en rueda de prensa este viernes
La diputada del PAR, Elena Allué, en rueda de prensa este viernes
EUROPA PRESS
La diputada del PAR, Elena Allué, en rueda de prensa este viernes

En concreto, propone modificar el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para no someter a tributación la ganancia obtenida por la venta de un inmueble cuando no hay incrementos de valor del mismo.

La diputada del PAR, Elena Allué, ha explicado en rueda de prensa que solicitan en su iniciativa que el Gobierno de Aragón se dirija al central para que realice este cambio en un plazo máximo de dos meses, introduciendo "únicamente" la citada modificación.

De esta forma, se daría cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que declara la "nulidad" de determinados preceptos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) acerca de la plusvalía municipal.

La iniciativa cuenta con un segundo punto que insta a que el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón a transmitir la recomendación a todos los ayuntamientos de la Comunidad que tengan establecido este impuesto de modificar sus ordenanzas fiscales para adecuarlas a la sentencia del Constitucional.

AUMENTO DE PRECIO

La diputada del PAR ha explicado que el impuesto de la plusvalía fue creado para gravar los "aumentos de precio", pero, tras la revisión catastral realizada durante la crisis inmobiliaria "se convirtió para muchos contribuyentes en un verdadero abuso fiscal".

Ahora, tras la sentencia del TC,

se ha creado "una especie de vacío normativo" ya que la legislación "sigue sin modificarse" y los ciudadanos que se ven en la necesidad de vender su vivienda están pagando un impuesto aunque el valor de la misma se haya aminorado ante lo que hay quienes acuden a la vía judicial.

La parlamentaria ha advertido de que los tribunales no se han manifestado de forma unánime ante la "diferente interpretación" que se da de la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró nulos e inconstitucionales tres preceptos de la ley, "pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor".

Allué ha detallado que los artículos declarados nulos son el 107.1, 107.2.a) y 110.4. El primero define el concepto de base imponible y el segundo precisa que, en la transmisión de un terreno, la valoración de este último coincidirá con su valor catastral.

El artículo 110.4 prohibía a los ayuntamientos -y a los sujetos pasivos- tomar en consideración valores, bases o cuotas distintos de los establecidos por las normas del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que impedía, en su caso, la prueba de la existencia de minusvalías o decrementos reales.

Allué ha esgrimido que la sentencia "se adelanta al sentir generalizado de la población" de que no se aplique este impuesto sobre la venta de viviendas con pérdida de valor, cuyos propietarios han tenido que vender "por la imposibilidad de afrontar los recibos de la hipoteca".

REFORMA

La diputada ha recordado que el TC declaró inconstitucional la fórmula de cálculo del pago de este impuesto e instó a garantizar a través de una reforma legislativa que este tipo de situaciones "no se repitiera". Además, según la diputada, si esos artículos se han declarado nulos "todas las liquidaciones que se han hecho desde esa fecha deberían declararse nulas también".

Allúe ha indicado que el Gobierno de España no impulsó tras la sentencia ningún cambio legislativo, aunque en el Congreso de los Diputados se registró una proposición de ley del PP por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y otras normas tributarias, estando actualmente en trámite de presentación de enmiendas pero con varias prórrogas solicitadas por lo que no se ha constituido todavía la ponencia.

La diputada del PAR ha opinado que toda esta situación implica "inseguridad jurídica para la ciudadanía y los ayuntamientos" por lo que la Administración del Estado "tiene que clarificar cuando antes la cuestión y fijar la normativa adecuada", aplicándose así el impuesto "con racionalidad y no al arbitrio del juzgado", a quienes no compete "decidir si ha habido incremento o no del valor de la vivienda".

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