El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha reclamado este jueves en una resolución pactada por varios grupos políticos del hemiciclo la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo, como la fundación Francisco Franco.

Así se recoge en el texto consensuado por hasta cinco grupos políticos, incluidos populares y liberales, que pidieron para sumarse al mismo que no se hiciera mención a ninguna fundación concreta o episodio fascista nacional.

La Eurocámara muestra en la resolución su preocupación ante el aumento de la violencia neofascista en la Unión Europea (UE) tras agresiones de grupos ultras como la sufrida por la eurodiputada italiana Eleonora Forenza y su asistente por Casa Pound y con el objetivo de que la Comisión Europea (CE) ponga en marcha medidas concretas.

Desde el órgano europeo hacen un llamamiento a los Gobiernos para que condenen y sancionen este tipo de discursos por parte de políticos y otras figuras públicas debido al auge de la normalización del fascismo, el racismo, la xenofobia y otras vías de intolerancia de estos grupos.

Reclaman a los 28 la creación de "unidades policiales contra el odio" y asegurarse de que dentro de sus cuerpos y fuerzas de seguridad no hay comportamientos de tipo racista o xenófobo. En ese sentido, también piden que la CE llame a las organizaciones cívicas a reportar sobre el estado del discurso de odio y los crímenes de odio en los países europeos.

Por otro lado, enfatizan la importancia de concienciar y educar sobre la historia a las nuevas generaciones para evitar nuevos crímenes de odio en el futuro. Por ello, llaman a tener una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes fascistas del pasado, y se dicen "profundamente preocupados" de que las nuevas generaciones "estén cada vez menos concienciadas con la historia del fascismo, lo que representa un riesgo de ser indiferente ante nuevas amenazas".

El texto destaca, en el caso de España, la investigación contra doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio, la condena a miembros de Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional por el ataque al Centro Cultural Blanquerna en 2013, y las amenazas de muerte contra el presidente de SOS Racismo.

Además, se ha hecho eco de las acusaciones desde la Fundación Franco y la familia del dictador contra los ciudadanos que ocuparon el pazo de Meirás en el verano de 2017 para reclamar que sea devuelto al pueblo gallego.