El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña ha presentado una denuncia ante Fiscalía para que determine la posible existencia de un delito por parte de miembros del gobierno local de A Coruña en la compra de pisos a un afín de la Marea Atlántica.

En rueda de prensa, su portavoz, Rosa Gallego, ha insistido en que "es necesario que se depuren responsabilidades políticas y penales" por la compra de dos pisos "a un firmante de la Marea", una adquisición que el Consello Consultivo de Galicia concluyó que debía ser anulada por no ajustarse a la normativa.

"No se cumplían las bases -del concurso-, uno ni siquiera era vivienda y ninguno cumplía con la superficie mínima", ha apuntado la edil del PP, quien ha defendido que esta formación ha hecho, en el plano político, "todo" lo que estaba "a su alcance" para que se depurasen responsabilidades.

"Convocamos tres comisiones de transparencia y pedimos dos plenos extraordinarios", ha señalado respecto a unas iniciativas que concluyeron, en el caso de la última sesión plenaria, con la petición de cese de los ediles de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y el de Emprego, Alberto Lema.

RESPONSABILIDAD PENAL

Rosa Gallego ha denunciado también el "inmovilismo" del gobierno local, después de que el alcalde descartase la dimisión de estos dos concejales, y ha apuntado a la posible existencia de "indicios penales" en la compra de estos pisos. Además, ha extendido la responsabilidad tanto a estos concejales como al alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y a la junta de gobierno en la que se adoptaron acuerdos sobre esta compra.

"No hay duda de que ha existido posible prevaricación", ha expuesto la portavoz municipal del PP, que ha explicado que, por ese motivo, han presentado este miércoles un escrito ante Fiscalía para que investigue "la conducta" del gobierno local ante unos hechos con "reproche penal", para los populares.

"La responsabilidad penal llega también a Xulio Ferreiro como conocedor del proceso que, en lugar de iniciar una revisión de oficio, estuvo negando y defendiendo las resoluciones a sabiendas de que eran ilegales", ha insistido.

Por otra parte, ha explicado que en su escrito también ponen en conocimiento de la Fiscalía que "se pagase con dinero público 145.000 euros", en alusión a la cuantía destinada para estos pisos. "Hubo un claro trato de favor al vendedor", ha sentenciado sobre este caso.