La Sección Cuarta de la Audiencia ha acogido este martes una nueva sesión del juicio en la que las acusaciones han leído su informe, elaborado de forma conjunta, así como la defensa del director de la sucursal bancaria y el letrado que representa a la entidad ante la reclamación como responsable civil subsidiario.

Las acusaciones, que inicialmente solicitaban doce años de prisión para cada uno de los acusados por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, han modificado su petición. Así, finalmente acusan a los tres procesados, como presuntos autores de los hechos, por un delito de estafa y otro de apropiación indebida en concurso medial y continuado, por lo que solicitan la pena de siete años al ser la pena máxima del delito más grave del que se le acusa, en este caso, apropiación indebida.

En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía mantiene su petición de tres años de prisión para los dos promotores y de dos años de cárcel para González por un presunto delito de estafa, si bien rechaza que se trate de un delito continuado, sino en un solo acto.

Para las acusaciones, el "engaño" no ha consistido en aumentar el préstamo hipotecario, sino también "en dar apariencia de formalidad al aparente crédito hipotecario y las cantidades avaladas". "Ha estado en aumentar el precio de las viviendas. El engaño también ha estado en distraer cantidades para fines ajenos, manejarlo a su criterio -por parte de los promotores-, para prebendas y dádivas".

Así, han apuntado que éstos se apropiaron de hasta 1,6 millones de euros "sin destino justificado", con pagos a "joyerías, particulares, juzgados, residencial o salidas de dinero en efectivo". Pagos que "no se justificaron".

Han añadido que "no es sólo un engaño, pues las acciones constituyen un delito de estafa y de apropiación indebida", siendo la entidad bancaria "perfectamente conocedora" de los 36 contratos de compraventa de las viviendas de la promoción.

Para las acusaciones, la estafa indebida "no tuvo que esperar para producirse a la división hipotecaria, sino al incremento del préstamo".

"Al final la entidad consiguió lo efectivo para la entidad bancaria, que era quedarse con las 45 viviendas por cinco millones (hipoteca) en lugar de por los ocho en las que estaban tasadas". Por todo ello solicitan una sentencia condenatoria para los tres acusados.

LIBRE ABSOLUCIÓN PARA EL DIRECTOR DEL BANCO

Por su parte, el abogado Carlos Carmona, que ejerce la defensa de Pedro González, director de la sucursal bancaria, ha criticado el informe "con tintes novelescos y casi de pregón" de las acusaciones, sustituyendo "la falta de hacer por arrogancia y desprecio".

Ha defendido en todo momento la inocencia de su representado, que no intervino en los hechos, constando en las actuaciones la firma de "un visto bueno" a una operación de suelo "legítima". Por ello ha pedido la libre absolución y que se imponga el pago en costas a las acusaciones.

Para el letrado "tampoco se sostiene" la acusación de apropiación indebida por parte de las acusaciones, pues no existen indicios probatorios, "como hay que probar la voluntad engañosa de su cliente, pero tampoco hay un solo indicio".

"¿Qué hubiera podido hacer mi cliente? De no haber firmado la cuenta especial, hubiera sido despedido", ha asegurado el abogado, quien ha indicado que en instrucción quedó probado que no tenía competencias para abrir esa tipo de cuentas, algo que compete al comité territorial de la entidad bancaria. Ha rechazado que las acusaciones hablen de "comodidad laboral" cuando este padre de familia lleva años soportando "una espada de Damocles" sobre su cabeza por una "justicia lenta, la mayor de las injusticias".

De otro lado, el abogado de la entidad bancaria, en la causa como posible responsable civil subsidiario, se ha adherido al informe del letrado defensor y ha señalado que la libre absolución de Pedro González conlleva el rechazo a la petición de responsabilidad civil subsidiario para el banco.

Para este abogado, la intervención del director del banco está "huérfana de prueba, pues los testigos han corroborado que no intervino en la concesión del préstamo suelo, tampoco en la novación del crédito ni en la ampliación y distribución hipotecaria".

De existir el delito de estafa, que "rechazamos", fue en 2008, cuando González ya no tiene intervención en los hechos. "Es tarea de la acusación enervar el principio de presunción de inocencia y no han hecho nada. Es injusta su presencia en este juicio".

"Existe una ausencia total y absoluta del más mínimo elemento probatorio", ha concluido esta defensa.

El juicio continuará en próximos días con el informe de la defensa de los dos promotores, por ausencia del abogado por motivos de salud.

HECHOS

Según la Fiscalía, en julio de 2005 Alfonso Baus y Cristóbal Llopis, en su condición de Administradores de Macamar Inversiones S.L., asumían la promoción de 45 viviendas de Residencial Mirasierra El Ronquillo. Firman hasta un total de 27 contratos privados de compraventa de viviendas entre el 10 y el 24 de noviembre de 2005, por los que, acordándose un precio de 132.222,66 euros, se establecía la posibilidad de que los compradores pudieran subrogarse en el préstamo hipotecario que la parte vendedora decía tener suscrito con una entidad bancaria, deduciéndose en cada caso 92.555,86 euros del total.

Tras la firma de los contratos, Llopis y Baus entraron en contacto con una entidad bancaria, de la que era director el también acusado Pedro González, con el que "tramitaron y obtuvieron un crédito hipotecario de un millón de euros gravando el solar sobre el que se iba a construir la urbanización en 2005.

El crédito se amplió en 4.144.644 euros, quedando en 5.144.644 euros, el 25 septiembre de 2006. "La concesión del crédito en la cuantía señalada hacía evidente la imposibilidad de respetar el precio pactado en los contratos antes mencionados ya que la cuantía total del préstamo superaba con mucho las cantidades que a los compradores quedaban por pagar del precio de los inmuebles, que era la única parte del valor de los mismos libres para hipotecar", refleja el escrito de la Fiscalía.

El 13 de noviembre de 2008, Macamar Inversiones y esta entidad bancaria, representados por Llopis y Baus de un lado y A.T.R., apoderado de la entidad bancaria que desconocía la génesis del préstamo hipotecario, de otro, firmaron escritura pública de novación modificativa y distribución de préstamo con garantía hipotecaria.

Mediante dicha escritura se acordaba modificar el plazo de amortización del capital del préstamo, así como la fecha de liquidación y pago de intereses y el tipo de interés, a la vez que se establece un cuadro de responsabilidad hipotecaria que, "en modo alguno, respetaba la establecida en su día en los contratos firmados por Macamar Inversiones y los compradores, a pesar de que ninguno de los firmantes de la escritura contaba con el consentimiento de estos últimos para aumentar la carga hipotecaria de los inmuebles que en su día adquirieron".