El comunicado en el que Fiscalía informa de su decisión incide en que este se separó del ente supramunicipal por acuerdo plenario en diciembre de 2016 para asumir la gestión directa del citado servicio a partir del año 2018.

Por resolución de 11 de julio de 2018, continúa, el alcalde acordó la subrogación de un total de 11 trabajadores aplicando el criterio de sucesión de empresas y levantando el reparo suspensivo de Intervención, que era desfavorable al entender que dicho criterio es contrario al ordenamiento jurídico y no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

El Ministerio Fiscal considera que pueden ser "discutibles" los fundamentos de la Alcaldía para la subrogación de cinco de los empleados que ya habían trabajado previamente en el servicio municipal antes de la incorporación al Consorcio en el año 2000, pero no así la subrogación de los seis empleados restantes en los que no concurre dicha circunstancia.

De esta forma concluyen las diligencias de investigación abiertas en el mes de septiembre por el Ministerio Público, a raíz de un escrito presentado por la interventora municipal poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía.