El bienestar de la sociedad empieza a dirimirse mucho antes de la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía.

La elección de una u otra forma de funcionamiento dentro de las administraciones (y de quienes aspiran a dirigirlas) es la clave sobre la que intenta aportar luz el equipo de investigadores del proyecto Incidencia de las decisiones públicas en el bienestar social (Universidad de Málaga).

Uno de los aspectos de los que se ocupan son las campañas electorales de los partidos políticos. «Pueden ocurrir dos cosas: que cada partido se especialice en un tema distinto, por lo que no se producirá un diálogo social, o que los partidos coincidan en temas».

«Esto les obliga a esforzarse en hacer propuestas», indica la investigadora principal, María Socorro Puy.

La influencia de los grupos económicos que financian las campañas electorales en posteriores decisiones de gobierno también es analizada.

Asimismo, están estudiando el funcionamiento de los jurados no judiciales: aquellos que eligen a qué empresa contratar para hacer una obra pública en función de los proyectos presentados, por ejemplo.

«Carece de sentido una norma habitual que consiste en no tener en cuenta las notas más alta y más baja dadas por los miembros del jurado con el objetivo de prevenir favoritismos».

«Así, quien quiera favorecer a una determinada empresa, dará la nota máxima; quien quiera perjudicarla, la mínima», dice Puy.

Sobre el reparto del presupuesto entre regiones, los expertos sostienen que el debate debería centrarse en qué criterio es mejor para hacer la división del dinero, en lugar de un debate político.

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