El pasado 5 de junio se firmó el protocolo general de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga para la mejora de caminos rurales de titularidad pública.

La Consejería aportará un máximo del 60 por ciento de la inversión subvencionable y la Diputación "podrá aportar el porcentaje que acuerde con el municipio afectado", según se indica en el documento. A juicio de la diputada provincial y coportavoz en la institución, Teresa Sánchez, esto significa que "no hay garantía de que el ente supramunicipal ayude con el total necesario a los municipios".

"Si los ayuntamientos no pueden justificar que cuentan con el restante que no aporta la Junta perderán la ayuda", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que en Málaga son 27 las entidades beneficiarias de estas ayudas, de las cuales 23 son municipios menores de 20.000 habitantes, con un presupuesto de inversión de 7.317.573,10 euros.

Sin embargo, según el protocolo firmado, el máximo que estos municipios van a recibir de la Junta de Andalucía suponen 4.318.838,93 euros, "quedando pendientes 2.998.734,17 euros, a los que esta Diputación podrá hacer frente". "Esta falta de seguridad ha dejado a los alcaldes preocupados, por lo que IU quiere que en la reunión de la junta de portavoces del próximo lunes se aborde la situación", ha concluido.