Así consta en el acuerdo de la Presidencia de la Junta que publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en el que se indica que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha de 2016 recoge la necesidad de elaborar un código ético al que ajustarán su conducta todos sus altos cargos o asimilados.

De igual modo, en dicha norma se determina que, en el caso de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno aprobará un código ético para sus altos cargos o asimilados, en el que se establecerán los órganos competentes para el seguimiento de su aplicación y determinará la responsabilidad que pueda derivar de su incumplimiento.

Así las cosas, en el pasado mes de febrero se aprobó el Código Ético para los Altos Cargos o asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que crea, como órgano de asesoramiento para el cumplimiento de las previsiones contenidas en relación con el Código Ético, la Comisión de Ética Pública de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, adscrita a la Consejería u órgano con competencias en materia de buen gobierno.

Dicha Comisión estará compuesta tres personas, que actuarán como vocales, que pueden provenir tanto del sector público como del privado, con acreditada experiencia en materias relacionadas con la ética, el derecho o la gobernanza de organizaciones, que serán designadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería u órgano de la Administración regional con competencias en materia de buen gobierno.