Cada vez hay más granadinos que recurren a las viviendas protegidas al no poder costearse una en el mercado libre. Tan es así, que a día de hoy hacen falta construir 31.200 VPO en la provincia para atender a la demanda actual, según las primeras estimaciones del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía.

El informe de la entidad andaluza cifra en 18.000 las viviendas protegidas necesarias para cubrir la demanda de los habitantes del área metropolitana. Así se lo hizo saber ayer el consejero de Obras Públicas, Luis García, a los alcaldes del cinturón con los que se reunió para explicarles las medidas aprobadas por la Junta.

El objetivo del Gobierno autónomo pasa por desarrollar «cuanto antes» las actuaciones contempladas en el pacto por la vivienda en Andalucía.

La aplicación del acuerdo en la provincia se traduce en la construcción de 21.326 viviendas protegidas en los próximos cuatro años a través de convenios con los ayuntamientos y con la Diputación de Granada -en el caso de los municipios sobre los que tiene competencia, los de menos de 20.000 habitantes-.

Pueblos pequeños

La institución provincial se encargará de promover 17.205 de las 21.326 VPO previstas por la Junta. No obstante, aún no se ha cerrado el reparto entre estas localidades hasta que los ayuntamientos no concreten el suelo que pondrán a disposición de dichas promociones.

Para ello, el Gobierno andaluza ha desarrollado una serie de mecanismos a fin de agilizar al máximo la tramitación de las reservas de suelo. Donde sí se ha cerrado ya el cupo es en La Zubia , siendo el municipio más beneficiado con 1.000 VPO, Baza (770), Loja (701), Las Gabias (750), Maracena (700) y Peligros (200).

90.000 euros de máximo

El pacto por la vivienda en Andalucía recoge una serie de condiciones. Las VPO promovidas por el decreto andaluz tendrán un precio máximo de 90.000 euros para hogares con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo.

En estas construcciones, según recordaba ayer Luis García, el promotor privado recibirá una ayuda autonómica de 3.000 euros por piso. El siguiente paso deben darlo los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad, con la idea de poner a disposición del proyecto suelos urbanos o urbanizables.