Fuentes del Gobierno andaluz han indicado que el procedimiento de alegaciones aún está "vivo", si bien de las 84 resoluciones emitidas al respecto, todas por los mismo motivos, se han presentado hasta el momento 58 recursos bien ante la Delegación Territorial o bien ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

En esta línea, han sido varios los empresarios que han optado por plantear sus recursos directamente ante este último órgano, que será el encargado de resolver la cuestión en el plano administrativo, para lo que cuenta con un plazo de actuación de tres meses.

Desde la Delegación se ha respaldado el criterio técnico bajo el que se ha exigido a los empresarios de Macael la entrega de avales bancarios para la explotación de las canteras dado que de los 11,3 millones de euros que deberían haberse garantizado para la restauración ambiental de la sierra únicamente se ha entregado 346.000 euros bajo la fórmula de abono de canon por tonelada retirada, lo que supone un tres por ciento del total.

Por su parte, desde la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) han declinado hacer comentarios en relación al proceso de alegaciones iniciado ante estas resoluciones con las que alertaron de la "asfixia económica" a la que, aseguran, se ven expuestos en caso de tener que aportar esos avales bancarios para cubrir todo el periodo de concesión de las canteras.

En cualquier caso, AEMA entiende que los empresarios "cumplen con la legalidad" al realizar sus aportaciones bajo canon en base a una Instrucción emitida por la Dirección General de Energía, Industria y Minas de Andalucía en enero de 2015, que posibilitaba esta opción, si bien desde la Delegación Territorial se decidió atender posteriormente una norma de rango superior -en concreto el Real Decreto 975/2009- por la que se exige el aval bancario como garantía para la restauración de las canteras.

Según los datos de la Junta, con motivo de la actividad minera de la localidad, hasta el momento se ha trabajado sobre el 68,7 por ciento de la sierra para la extracción, lo que supondría un equivalente en avales bancarios de 11,3 millones de euros para garantizar la reparación ambiental posterior en la zona.