La consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Ejecutivo autonómico, Pilar Alegría, y la directora gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Mayte Ortín, han presentado el nuevo acuerdo marco este jueves, 27 de septiembre, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza. El importe total destinado asciende a 23.125.000 euros, y el período de ejecución es de cuatro años, prorrogable a dos.

El objetivo de este nuevo contrato ha sido obtener ofertas más competitivas, que redunden en beneficios contractuales, tecnológicos y económicos, y a su vez estimulen la inversión y el despliegue de infraestructuras alternativas de telecomunicaciones en el territorio de la comunidad.

"Hemos propuesto una serie de cláusulas sociales en este nuevo contrato y la más importante es la conectividad; uno de los factores que favorecen la vertebración social y el desarrollo económico de la Comunidad autónoma", ha subrayado Pilar Alegría, al tiempo que ha añadido que la finalidad principal es que la sociedad tenga "unos beneficios directos".

Por un lado, el acuerdo marco permitirá que 48 localidades tengan servicio de banda ancha a más de 100 megabytes por segundo (Mbps) antes de finales de 2020, y otras 145 cuenten con velocidad de más de 30 Mbps.

Asimismo, la consejera autonómica ha comentado que otro aspecto importante es la generación de empleo en el sector TIC, incluyendo criterios como la calidad del trabajo de los empleados, basada en la retribución, planes de igualdad y conciliación, y la exigencia de condiciones esenciales como el cumplimiento de los pagos al personal adscrito al contrato y subcontratistas, o la obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo.

Alegría ha considerado "más que satisfactorio" que, "por primera vez, se haya podido aprobar un acuerdo de telecomunicaciones contemplando esos criterios sociales", que tienen en cuenta "una mejora de la calidad técnica, pero sobre todo una mejora de la calidad de empleo". Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo controlará que las empresas adjudicatarias cumplan con las condiciones laborales y, de no hacerlo, establecerá una serie de penalizaciones.

Por su parte, la directora gerente de AST, Mayte Ortín, ha manifestado que el acuerdo "tiene por objeto la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con destino a los departamentos y organismos públicos, sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones públicas y consorcios de la comunidad autónoma".

LOTES

Ortín ha detallado que el contrato, que ya ha comenzado a funcionar, se ha dividido en siete lotes para cubrir el servicio de red de datos, el de telefonía fija y móvil, el acceso Internet (principal y secundaria), la red propia de radioenlaces, la red propia de fibra óptica y la técnica de telecomunicaciones.

Las empresas adjudicatarias son, para el lote 1 y 2, Telefónica; para el acceso a Internet principal, Vodafone; para el secundario, Orange; para la red de radioenlaces, Retevisión; para la fibra óptica la adjudicataria ha sido una UTE formada por Montajes Temón y una ingeniería; y para la técnica de telecomunicaciones, Informáticas Corte Inglés.

La consulta preliminar al mercado como fase previa a la licitación ha permitido fomentar la participación y aumentar la concurrencia. El ahorro total con respecto al importe de licitación ha sido de cinco millones de euros, un 18 por ciento aproximadamente. Además, se produce un doble beneficio al permitir una importante renovación tecnológica.

La decisión de adoptar factores sociales en la licitación responde a la importancia que el Ejecutivo da a la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones como uno de los motores de una economía moderna e innovadora, contribuyendo al desarrollo económico y social de Aragón.

Los factores sociales, en detrimento de los meramente economicistas, han permitido valorar las inversiones de los licitadores como una apuesta por la contribución a la economía digital de Aragón, complementando la política llevada a cabo desde el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.