La protesta partirá a las 20.00 horas de la plaza de Portugalete para hacer un recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta desembocar en la calle Solanilla, situada en la parte posterior de la Iglesia de la Antigua.

En su manifiesto, la Coordinadora critica que los derechos de las mujeres "aún no están plenamente desarrollados no solo en España, sino a nivel mundial, pues en muchas ocasiones las mujeres son sometidas a la violencia sexual, carecen de servicios de salud sexual y reproductiva, no tienen acceso a una anticoncepción segura y menos aún a la interrupción voluntaria del embarazo".

"En España, la figura del aborto por voluntad de la mujer, fuera de los plazos y supuestos señalados en la ley, se mantiene dentro del Código Penal, lo que es un derecho, no solo no se garantiza en su ejercicio, sino que se penaliza, y muy gravemente", señala el comunicado.

Asimismo, el texto recuerda que la ONU ya recomendó al estado español -en su Informe de 2015 a través del 'Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica'- "eliminar los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a la IVE, garantizar su cobertura universal a todas las personas y revisar la tutela pública sobre las menores de 16 y 17 años que quieran abortar, entre otras cuestiones".

En este sentido, la Coordinadora defiende y exige la despenalización total del aborto voluntario; la creación de Centros de Planificación Familiar; educación afectivo-sexual en los currículos escolares, en forma de asignatura obligatoria; la financiación de la anticoncepción dentro del sistema sanitario público o la eliminación de pornografía y publicidad en medios de comunicación.

"La justicia social, pasa por respetar la capacidad de las mujeres a definir su proyecto de vida", reclama la Coordinadora, que para garantizar tal fin propone una legislación clara y contundente que impida la mercantilización del cuerpo de las mujeres a través de los vientres de alquiler o que se condicionen las relaciones con aquellos países que no respetan los derechos de las mujeres, entre otras peticiones.

Por último, exige un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios.