El acuerdo que llevan semanas preparando la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos contra la ordenación del territorio cuenta con su primer borrador, que está pendiente de que los apruebe el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

Se trata de un acuerdo marco para aglutinar todas las licencias concedidas ilegalmente, que se ampara en una figura legal que permite esta vía si los acusados se reconocen autores de los delitos.

Este pacto se circunscribe en las penas de prisión, no en las de inhabilitación, que van desde los 6 meses a los 2 años de cárcel por 'ladrillazo'. Es decir, son delitos conexos por los que según la ley no se pueden cumplir más del triple de la pena máxima, o sea, un máximo de 6 años de cárcel.