En rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado que la noticia recibida respecto a la situación del astillero vizcaíno es "sin ningún ambages, una mala noticia". "Una muy mala noticia", ha apuntado.

Según ha señalado, la entrada en liquidación de la empresa

"intensifica, más aún si cabe", el compromiso del Ejecutivo autónomo en la búsqueda de nuevos inversores. Por ello, ha asegurado que "va a seguir colaborando con todos los actores que tienen algo que decir en esta materia, tanto con la dirección de la empresa como con el comité, las compañías presentes en el Consejo de Administración y la Administración concursal de manera que pueda trabajar conjuntamente para atraer nuevos inversores o garantizar que la empresa armadora holandesa pueda realizar la construcción del Alexia en el astillero.

"Ese es el empeño en el que va a seguir el Gobierno, continuando una trayectoria e implicación que viene siendo muy intensa en los últimos meses. Ese es el motivo de preocupación que va a seguir animando al Gobierno a seguir trabajando con

todos los actores, con el objetivo puesto en el mantenimiento de la actividad y del empleo", ha señalado.

Ante las peticiones de rescate de La Naval por parte de la Administración vasca, ha recordado que la UE "prohíbe tajantemente las ayudas de Estado" y cuando las detecta "no solo las anula e impide su materialización" sino que "exige inmediatamente la devolución de las cantidades".

Erkoreka ha advertido de que, "puesto que se trata de medidas radicalmente proscritas y prohibidas por la Unión Europea, son imposibles de adoptar". "Las consecuencias las hemos experimentado alguna vez en Euskadi y suelen ser francamente gravosas para las instituciones y la industria vasca y no conviene adentrarse por ese camino", ha indicado.

El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que las instituciones vascas han conocido "varios supuestos" de ayudas, medidas de impulso y fomento a la actividad económica industrial "que han sido consideradas ayudas de estado" por parte de la Unión Europea "con las consecuencias por todas conocidas".

"Es un terreno terriblemente peligroso por el que no conviene adentrarse, porque las consecuencias son perniciosas, tanto para el sector industrial como para las propias instituciones y el conjunto de la sociedad, que es la que soporta el impacto económico de ese tipo de ayudas que después tienen que revertirse", ha asegurado.