La Audiencia Provincial de León.
La Audiencia Provincial de León. EUROPA PRESS

De esta forma, la vista en la que se iban a sentar en el banquillo de los acusados el empresario minero, Victorino Alonso; el jefe de la explotación minera de cielo abierto 'Feixolín' de Villablino (León), José Tascón, y el entonces alcalde de la villa, Guillermo Murias, por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, se retrasará varias semanas al admitir la Audiencia a trámite dicha reclamación.

Según ha explicado el magistrado de la Audiencia Provincial de León, Teodoro González, en declaraciones recogidas por Europa Press, "se decidirá si hay que dar traslado o no a la empresa de dicho escritos para decidir si la causa vuelve al Juzgado de Instrucción de Villablino para que le dé copia de los escritos de acusación y presente el suyo de defensa".

El proceso judicial, denunciado hace 17 años por Antonio Arias, propietario de unos terrenos colindantes a la del 'Feixolín' que fueron dañados, investiga unos hechos acaecidos hace de 1994 cuando comenzó a levantarse la explotación, que, según la fiscalía, desarrolló su actividad ente 1995 y 2008 sobre 210 hectáreas "de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal, sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental".

El abogado de CMC, César Garnedo, ha asegurado que este trámite "era una cuestión necesaria y de orden público", ya que considera que "en una parte de las acusaciones aparece como responsable civil solidario y no se ha dado traslado de los escritos para presentar el de defensa". Además, ha indicado que algunas de las reclamaciones de la acusación son "inexplicables" porque las declaraciones ambientales que citan "estaban en vigor cuando se produjeron los hechos".

Asimismo, el exalcalde de Villablino, Guillermo Murias, también imputado por estos hechos, ha señalado que en aquel momento entendieron que "la empresa era legal o que su situación era legalizable, pero con los años la legislación ha cambiado y se ha visto que aquello era ilegal".

En ese sentido, Murias ha añadido que "es difícil analizar ahora una actuación de hace 24 años", por lo que cree que "es un juicio que se debería haber resuelto hace años porque con el paso del tiempo va a ser más complicado ser objetivos".

El Ministerio Fiscal pide para Victorino Alonso y para José Tascón ochos años de prisión y una multa a razón de 15 euros diarios durante 49 meses y 15 días por dichos hechos, mientras que para Murias reclama quince meses de prisión por prevaricación.

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