Así se lo comunicó recientemente el secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, quien recordó que únicamente faltan las obras del colector. En este tiempo hasta que finalicen esas obras, según Ortiz, hay tiempo suficiente para terminar los equipamientos del centro y para planificar los recursos de personal.

Ortiz manifestó, en conversación con Barcones, que estos recursos de personal saldrán de la Oferta Pública de Empleo publicada en el BOE el pasado 31 de julio con 831 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. El responsable gubernamental no descarta que se abran los ocho módulos de los que va a constar la nueva cárcel, pero también existe la posibilidad de que se abran únicamente dos o cuatro, siempre un número par.

El nuevo centro penitenciario de Soria se ubica en el término municipal de la capital, a siete kilómetros del centro de la ciudad, en el barrio de Las Casas. Ocupa 25 hectáreas y tiene 684 celdas, además de otras 152 en enfermería y régimen cerrado. Los edificios empezaron a construirse en 2010 y el grueso de la obra finalizó en 2014.

El colector que falta tiene un coste previsto de un millón de euros, mientras que el equipamiento rondará los cuatro millones de euros, explica la Delegación del Gobierno.

Una de las bazas que juega a favor del centro penitenciario de Soria es que el actual establecimiento de la calle Las Casas, que ha sido visitado esta mañana por Virginia Barcones, "es el que tiene un porcentaje más alto de número de internos empleados en los talleres productivos de todo el país", según Ángel Luis Ortiz, quien añadió que "destacamos a su vez los beneficios, en ese sentido, que supondría la apertura de un nuevo centro penitenciario" que cuenta con posibilidades de que se instalen talleres de este tipo que den trabajo a los internos.

La delegada ha realizado esta visita acompañada por el director del actual centro, Segunda Pascual; el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre; y el diputado en el Congreso, Javier Antón.

Virginia Barcones ha mantenido también conversaciones con la presidenta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, quien le ha explicado los últimos pasos dados y las previsiones de futuro de la Sociedad responsable de construir este centro que ha supuesto una inversión de 100 millones de euros.

Gallizo manifestó que se ha optado por el procedimiento de "expropiación forzosa y urgente ocupación" con el fin de disponer de los terrenos lo antes posible para iniciar las obras de construcción del colector de saneamiento.

SIEPSE ha explicado que se han recibido tres alegaciones. Se está elaborando la documentación de la respuesta. En esta semana, del 24 al 28 de septiembre, se enviará a la Delegación del Gobierno para su posterior envío a las personas que hayan alegado. A continuación se solicitará el informe del abogado del Estado, en el cual se deberá informar del desarrollo de la tramitación. Acto seguido se elaboraría el borrador del acuerdo del Consejo de Ministros, órgano este último que es el que acuerda la "Urgente Ocupación".

Posteriormente, se realiza un nuevo proceso de exposición pública, 15 días hábiles nuevamente, en el cual se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros. Se abre un nuevo periodo de alegaciones que deberán ser contestadas. Una vez superado este trámite se realiza la convocatoria del levantamiento de actas previas.

Todo este proceso, según Gallizo, podría finalizar en febrero o marzo de 2019, mientras que las obras del colector tienen un plazo de nueve meses, de ahí que Barcones espera que la cárcel pueda estar abierta para finales del año próximo.