En un comunicado, el Ayuntamiento argumenta que ha decidido enviar el citado informe al Gobierno central y a la Junta "a la luz de las conclusiones" del mismo, y "teniendo en cuenta que en las mismas se señala que la Mezquita-Catedral es un bien de dominio público que pertenece al patrimonio del Estado, recomendando retrotraer su situación a la existente antes de su inmatriculación por parte del Cabildo en 2006".
El Ayuntamiento entiende que "las competencias a la hora de reclamar la titularidad pública de dicho bien corresponden a la administración general del Estado, mientras que las de conservación y preservación del patrimonio lo son de la administración autonómica".
Además, el Consistorio asegura que, "en ningún momento, el Ayuntamiento de Córdoba ha pretendido arrogarse la titularidad del monumento y sí la restitución de la misma al pueblo de Córdoba, tal y como era hasta el momento de su inmatriculación, además de insistir
en su gestión compartida, tal y como recomienda el informe y sería lógico para un bien declarado patrimonio mundial por la Unesco", agregan desde la Administración local.
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