De la Hoz se ha referido de este modo a la negativa de los mismos partidos de la oposición en Castilla y León a apoyar en el Congreso la norma que impediría el cierre de las centrales térmicas en España, como pedía el PP, en una demostración, a su juicio, de que no quieren impedir que se cierren esas centrales.

A esto ha añadido el "remate" que han supuesto las últimas declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asegurado que no hay nada que hacer con el carbón que tiene ahora el 31 de diciembre como fecha de caducidad por el "comportamiento desgraciado" de una ministra a la que ha acusado de renunciar a luchar por este sector, a diferencia de lo que hizo el PP, según ha reivindicado ante las quejas de su homólogo en el PSOE, Luis Tudanca, para quien el problema de las cuencas mineras es que la transición justa va a llegar "demasiado tarde".

Tudanca ha asegurado que el PSOE de Castilla y León va a estar "siempre" al lado de la gente de unas cuentas mineras en las que, en la actualidad, no hay una alternativa. "Es una evidencia", ha admitido el secretario regional del PSOE que ha recordado que cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa quedaban 5.000 de unos 15.000 mineros y hoy sólo 300.

"Esa es la pura realidad", ha aclarado el socialista que ha explicado a los 'populares' que en tres meses del Gobierno socialista no puede tener la culpa de lo que está pasando en estas cuencas para retrotraerse a los últimos 20 años, como ha compartido el portavoz del Grupo Ciudadanos, Luis Fuentes, que no ha dudado al acusar a PP y a PSOE de haber mentido a los habitantes de estas zonas cuando sabían "fehacientemente" que el cierre "se iba a dar".

Fuentes ha acusado a ambos partidos de haber destinado la "infinidad" de fondos miner que han llegado a las cuencas "a la mayor gloria de sus dirigentes" sin haber puesto medidas eficaces para crear un nuevo tejido productivo como verdadera alternativa de futuro.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, de IU-Equo, ha defendido una transición justa unida a una alternativa ordenada y acompasada que garantice que se crean dos puestos de trabajo por cada uno que se destruya en la minería. "Planes reales y no cantos de sirena como hemos visto en los últimos 20 años", ha reclamado en concreto.