Sanidad impulsa un protocolo de atención rápida a las víctimas de violaciones para que no desaparezcan las pruebas

  • La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha impulsado un protocolo de actuación "rápida y respetuosa" con las víctimas de las agresiones sexuales que facilite la labor policial y judicial para que no desaparezcan las pruebas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Una mujer sostiene un cartel contra la violencia de género.
Una mujer sostiene un cartel contra la violencia de género.
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Una mujer sostiene un cartel contra la violencia de género.

En la elaboración del 'Protocolo de Atención Sanitaria a las Víctimas de Agresiones Sexuales' han participado profesionales sanitarios, forenses, fiscalía, decanato judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el centro Mujer 24 horas y la Subdelegación del Gobierno.

El objetivo de este protocolo es proporcionar un conjunto de recomendaciones protocolizadas para que, de la manera más homogénea posible, se actúe con rapidez, eficacia y coordinación. De este modo, se pretende reducir "el impacto negativo o crear un perjuicio adicional a los daños derivados del momento de la comisión del delito, la victimización secundaria", según las mismas fuentes.

Al respecto, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha explicado que "el reto" es ofrecer una asistencia "rápida, eficaz y coordinada" que "minimice el impacto de la agresión sobre la víctima" y al mismo tiempo "facilite la labor judicial y policial en la persecución de este tipo de delitos" ya que los servicios sanitarios suelen ser los primeros a los que acuden las víctimas de violencia de género o las que sufren una agresión sexual.

Barceló ha apuntado que el personal sanitario suele ser el colectivo en quienes "más confían" las mujeres a la hora de revelar su situación. Por ello "es importante favorecer una atención sanitaria "eficaz y respetuosa", que vele por "el respeto" a la intimidad y tome en consideración las circunstancias que rodean a la víctima, para prestarle "un apoyo específico necesario que facilite la labor judicial y policial, con el objeto de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles antes de que estas se deterioren o desaparezcan".

LA COORDINACIÓN, LA CLAVE

En ese sentido, ha subrayado la importancia de la coordinación, ya que la medicina forense, junto con la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios especializados en violencia de género forman parte de la atención y la ayuda que deben brindar las instituciones públicas a las víctimas.

Los delitos contra la libertad sexual representan un porcentaje importante de las infracciones penales que se cometen y ocasionan graves secuelas psíquico-emocionales a las víctimas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2017, de todos los delitos instruidos en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 0,6% son contra la libertad sexual. En cifras, rondan los 830 casos de agresión sexual con penetración y son más de 6.000 los casos por otras agresiones contra la libertad sexual.

En esta reunión del grupo de trabajo celebrada se ha hecho especial mención a las mujeres con discapacidad física o mental, ya que corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, así como las embarazadas, que también pueden ser objeto de agresiones que repercutan además en la salud y viabilidad del feto.

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