Quintero explicó que esta partida es fruto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017 y anunció, además, que ya se ha solicitado al Gobierno central que formalice cuanto antes la partida correspondiente a 2018, que es de 8 millones de euros.

"Es un derecho de los agricultores de las Islas que es fruto de la negociación de los partidos nacionalistas en Madrid y que ha quedado consolidado en el Régimen Económico y Fiscal aprobado ayer en el Congreso de los Diputados", argumentó.

Así, dijo confiar en "en que el Estado, y así se lo hemos hecho saber, formalice la transferencia cuanto antes [de esos 8 millones de 2018] para iniciar sus trámites lo más rápidamente posible".

El consejero aseveró que gracias a su inclusión en el REF se evita "que, junto a otros derechos de los agricultores y agricultoras del Archipiélago, éstos dependan de la voluntad del partido que gobierna en Madrid".

EL BENEFICIARIO FINAL "DEBE SER EL AGRICULTOR"

La subvención de seis millones de euros está destinada a entidades públicas y privadas que suministran agua para el riego agrícola, procedente de pozos o de la desalación.

Quintero ha informado de que el decreto que convoca estas ayudas "deja bien claro que el beneficiario último debe ser el agricultor, ya sea mediante una reducción en la factura del agua o, si es necesario, por transferencia directa".

Quintero aseveró que el decreto de transferencia del Gobierno del Estado llegó el 27 de diciembre, por lo que "fue imposible proceder a tramitarlo antes de que terminase el año, más aún tratándose de la primera vez que se convoca unas ayudas de estas características".

"Hemos querido que esta convocatoria contase con la opinión y el diálogo de los agentes empresariales y sociales implicados, por lo que se inició un proceso de diseño participativo en el que, además, hubo que consultar diferentes dudas con el propio Gobierno del Estado", agregó.