La Policía Vasca ha abierto diligencias a la pareja, un varón de 61 años y una mujer de 51, en calidad de investigadas por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, contra el medio ambiente y maltrato animal, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Ambas personas gestionaban una explotación ganadera utilizada presuntamente para sacrificar animales de forma ilegal y con destino al consumo humano cuyos restos arrojaban en espacios naturales de las inmediaciones.

La investigación dio comienzo a finales del pasado mes de agosto cuando la Ertzaintza fue informada acerca de la aparición de vertidos de restos de animales en una vaguada de la localidad guipuzcoana de Anoeta. Los agentes inspeccionaron la zona y localizaron alrededor de quince sacos con restos putrefactos de desechos de animales en el cauce de una regata.

Tras realizar indagaciones sobre el origen de esos restos, en compañía del alguacil de la zona, los agentes encargados de la investigación se dirigieron a un caserío de Larraul donde descubrieron el matadero ilegal.

En la parte superior de las instalaciones observaron una oveja sacrificada y varios ejemplares ovinos más, preparados para ser sacrificados. En el registro del caserío los agentes encontraron también sacos con vísceras de animales similares a los localizados en el vertido de Anoeta y todo tipo de herramientas y objetos empleados para el despiece de carne.

De la investigación realizada en torno a los responsables de la explotación agrícola se pudo constatar que la pareja utilizaba las instalaciones del caserío de forma ilegal para lucrarse de ello sacrificando los animales, sin ser sometidos a los controles que requiere la normativa vigente.

Asimismo, tras la venta de la carne, los restos eran arrojados en el cauce de un riachuelo de la localidad guipuzcoana vecina, lo cual podría suponer un grave riesgo para la salud pública, ha destacado Seguridad.

Por todo ello, los agentes comunicaron a las personas responsables de la explotación que se iban a abrir diligencias contra ellas, en calidad de investigadas por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, otro contra el medio ambiente y otro de maltrato animal.

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