Petróleo Brent
El petróleo Brent se extrae principalmente del Mar del Norte, y marca la referencia en los mercados europeos. EUROPA PRESS

En un comunicado, FACUA ha recordado que la Comunidad Autónoma cuenta con una normativa autonómica que prohíbe desde 2005 el establecimiento de este tipo de servicios, al obligar a las gasolineras a estar atendidas por al menos una persona, pero el nuevo decreto de los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía "contempla la existencia de estaciones en régimen desatendido junto a las que poseen personal de atención al usuario".

El texto recoge que este "modelo de estación de servicio automática, o sin personal de forma presencial, se ha extendido por toda Europa y convertido en un modelo de negocio que compite con los modelos de servicio asistido y autoservicio dentro del mercado minorista de distribución de carburantes de automoción".

La asociación señala que el nuevo decreto "deja en un terreno muy ambiguo" la cuestión de la atención a los usuarios con algún tipo de discapacidad, ya que recoge que, en los casos de las gasolineras desatendidas, "cuando la asistencia a distancia resulte ineficaz para una adecuada solución de las incidencias o emergencias", "deberá facilitarse a la persona consumidora en el más breve plazo posible atención personal".

Esto, ha criticado FACUA, no aclara cuánto tiempo debe esperar por ejemplo una persona con algún tipo de discapacidad que llegue a repostar con su coche adaptado, y en qué medida se realizará la solución del problema. Además, la asociación ha destacado que la ausencia de personal genera, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.

Por otro lado, la asociación indica que si la estación de servicio no tiene personal se vulnera la protección de las personas con algún grado de discapacidad, que se ven discriminadas y obligadas a buscar alternativas de uso, e incide en que estas gasolineras "pueden suponer un mayor riesgo contra la seguridad de los consumidores".

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