Después de que el pasado mes de febrero el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase una moción promovida por Participa e IU para solicitar a los registros de la propiedad el listado completo de los bienes inmatriculados a su favor por la Iglesia Católica, pese a carecer de título expreso de propiedad sobre los mismos, la plataforma constituida en la ciudad en demanda de tal extremo ha manifestado este jueves que sus demandas y reclamaciones al respecto no han obtenido aún "ninguna respuesta" por parte de los poderes.

Eduardo Casellas, uno de los portavoces del colectivo, ha manifestado a Europa Press que después de aquel acuerdo plenario, aprobado a instancias de la plataforma con el respaldo de todos los grupos municipales salvo el voto contrario del PP, el colectivo había solicitado una reunión con el alcalde, Juan Espadas (PSOE), para interesarse por la situación de las gestiones derivadas del citado acuerdo.

Después, la plataforma solicitaba un encuentro similar con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que la Administración andaluza también se involucrase en la reclamación, si bien previamente, el Parlamento de Andalucía había rechazado ya una iniciativa de Podemos en demanda de solicitar al Gobierno de la Junta que recabase la lista completa de las propiedades que la Iglesia católica ha puesto a su nombre en la etapa democrática, para reclamar aquellas inscritas en los registros sin una acreditación fiable sobre su pertenencia.

La proposición de Podemos, de carácter no ejecutivo al tratarse de una proposición no de Ley, no prosperó porque aunque fue apoyada por IU, contó con el voto contrario del PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos.

En cualquier caso, la citada plataforma recuerda que en el año 2010, "la Archidiócesis de Sevilla inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad" la Catedral de Sevilla por 30 euros, toda vez que "la Giralda, el Patio de los Naranjos y la propia Catedral, dada su inmensa dimensión cultural, simbólica y patrimonial, deben ser administradas desde lo público y con la máxima transparencia".

En ese sentido, el colectivo señala "el deber legal de las administraciones públicas de velar por el patrimonio cultural y arquitectónico y por el cumplimiento de la ley".

El caso es que a día de hoy, según Guillermo Casellas, la plataforma no cuenta con "respuesta ninguna" por parte de los poderes respecto a sus reivindicaciones, por lo que la idea es seguir demandando que "se haga efectiva" la moción aprobada en el seno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla y "redefinir" las actuaciones a partir de septiembre, sin descartar movilizaciones por ejemplo ante el Palacio Arzobispal de Sevilla.