Tres mujeres compran en una tienda
Tres mujeres compran en una tienda CEDIDA - Archivo

Las Redes de Consumo de cada una de las provincias del archipiélago, bajo la presidencia de la directora general de Comercio y Consumo, Ángeles Palmero, han analizado el trabajo realizado hasta el momento por los servicios especializados en esta materia del Gobierno de Canarias y de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de las islas.

La cifra registrada en el primer semestre es muy similar a la recogida a estas alturas en el pasado año, en el que los servicios de consumo del Gobierno de Canarias tramitaron, en los doce meses, un total de 8.399 reclamaciones, correspondiendo a los meses de octubre y noviembre los de mayor registro de denuncias. En 2017, los ciudadanos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote presentaron 4.781 reclamaciones, mientras los de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro alcanzaron las 3.618.

Los ciudadanos comparecen ante las Oficinas de Información al Consumidor de ámbito local y regional, principalmente para dejar constancia de su desacuerdo con las exigencias de compañías de telefonía móvil.

Por otra parte, Consumo presentó también el balance del trabajo realizado por el servicio de inspección de consumo. En los primeros meses del año se levantaron un total de 627 actas, de las que 162 pasaron a analizarse más detenidamente porque podrían derivar en la apertura de expedientes, mientras 465 fueron negativas.

Este año se han tramitado un total de 58 expedientes sancionadores de los que 38 fueron tipificados como graves, 20 leves, 21 por resistencia a la labor inspectora, 16 por publicidad engañosa, 10 por cobro indebido de cantidades y tres por irregularidades en el etiquetado, entre otros.

El trabajo realizado hasta el momento es similar al desarrollado en ejercicios anteriores si tenemos en cuenta que el año pasado fueron 76 los expedientes de sanción tramitados y 96 el ejercicio anterior, 2016.

La mayor parte de las sanciones tramitadas este año corresponden a la apertura de establecimientos sin licencia y por apertura en festivos sin autorización. Los expedientes que se encuentran en fase de resolución de sanción por faltas graves suponen una multa que supera los 3.000 euros. Asimismo, se encuentran en fase de estudio por las jefaturas de sección de Inspección e Instrucción un total de doce expedientes que son susceptibles de derivar en sanciones.

En estos foros se presentó documentación que justifica la ampliación del personal destinado a los servicios de consumo de la Comunidad Autónoma, muy menguado por las jubilaciones no cubiertas como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado en los años de la reciente crisis económica