El Parlamento foral se compromete a "defender los derechos" de la víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos

  • La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este viernes una declaración institucional en la que rechaza "rotundamente" la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley foral de reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos.
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.
PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El texto ha sido presentado por el cuatripartito y ha contado con el voto en contra de UPN y PPN. El PSN, por su parte, ha rechazado el primer punto de la declaración y se ha abstenido en el segundo.

En concreto, a través del primer punto, el Parlamento foral rechaza "rotundamente" la decisión del TC, que "una vez más enfrenta a la voluntad del Parlamento de Navarra y de la mayoría social, impidiéndonos adoptar las decisiones oportunas para hacer efectiva la potestad que tiene Navarra a efectos de reconocimiento y reparación de estas víctimas".

En un segundo punto, el Legislativo "denuncia el desamparo en el que esta sentencia sume a las víctimas de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos" y se compromete a "defender los derechos que les asisten y a analizar todas las vías posibles para hacer efectivo su reconocimiento y la reparación debida a las mismas".

Asimismo, la Cámara foral solicita al Gobierno de Navarra que "haga suyo este mismo compromiso y adopte las medidas necesarias a tal fin".

DISCREPANCIAS ENTRE LOS GRUPOS

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces, Carlos García Adanero, de UPN, ha asegurado que la ley anulada tenía como objetivo "de una forma indirecta, blanquear lo que ha sido ETA durante muchos años" y "dar la sensación de que aquí existían dos bandos, que cada uno actuaba como le daba la gana".

Ha asegurado García Adanero que los regionalistas creen en la justicia y ha remarcado que "cualquier persona que haya cometido algo fuera de la ley, está sometida a los tribunales". "Creemos en la división de poderes, no somos el Parlamento quienes tenemos que decidir quién ha cometido alguna ilegalidad".

Por contra, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha considerado que la decisión del TC supone "un nuevo ataque a la voluntad democrática de este Parlamento, por esa actitud permanente de conflicto y judicialización en la que ha estado instalado el Gobierno español en los últimos años".

"Es una etapa que tiene que formar parte del pasado", ha reivindicado Hualde, quien cree que la decisión del TC es "especialmente dolorosa porque afecta a la capacidad de Navarra para reconocer y reparar a estas víctimas y les coloca en una situación de desamparo".

En representación de EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que tras la decisión del TC debe abrirse un periodo de "reflexión" entre los que apoyaron la ley para ver "cómo se establecen los mecanismos, los que sean, para el reconocimiento, la reparación y la justicia de estas víctimas".

Por parte de Podemos Ahal Dugu-Orain Bai, Laura Pérez ha lamentado "la injerencia del Tribunal Constitucional a la soberanía de las instituciones navarras, que invalida nuevas leyes democráticas y adoptadas por mayoría democráticas". Y ha defendido "la obligación de las instituciones de agotar todas las vías jurídicas para cumplir con una obligación como es la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas".

La socialista María Chivite ha afirmado que con el texto aprobado "flaco favor le hacemos a las víctimas cuando la ley ha sido declarada inconstitucional" y ha pedido al Gobierno foral que "sea quien teniendo en cuenta lo que ha dicho el TC, adapte la ley, la mejore como se ha hecho con la ley de víctimas del País Vasco y podamos cumplir con nuestro compromiso".

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha criticado que "otra vez el Parlamento vuelva a utilizar esta institución para violar la separación de poderes y hacer un juicio respecto a una decisión del TC". También ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera "retirar el recurso contra la ley del País Vasco", con lo que, a su juicio, "vemos el pago de favores, algo muy peligroso".

Por último, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha criticado que la sentencia del TC "vuelve a dejar totalmente desprotegidas y ocultas a estas víctimas" y ha avanzado que, "como impulsores de la ley que se ha anulado", la coalición está "trabajando ya en una nueva ley para superar las objeciones del Tribunal Constitucional, sin perder de vista la finalidad que tenía" la norma.

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