Según ha detallado la entidad ecologista en una nota informativa, en dicha cuenta de Twitter se difunden informaciones sobre problemática y protección, así como denuncias ciudadanas.

De los 68 barcos identificados -algunos de ellos reincidentes-, al menos el 44 por ciento (30) aparecen en webs de alquiler chárter de grandes yates. La entidad ha detallado que el precio anunciado por el alquiler semanal de estas embarcaciones oscila entre los 32.000 euros por un catamarán de 21 metros y capacidad para ocho viajeros hasta los 875.000 euros por un megayate de 74 metros y capacidad para 12 viajeros.

Desde el GOB han manifestado que los casos que comunican lo hacen solo de forma testimonial. "No pretendemos y tenemos capacidad para denunciar de forma más exhaustiva, sino que perseguimos poner sobre la mesa de forma permanente el problema del fondeo sobre la posidonia", han añadido.

Asimismo, el Grup Balear d'Ornitologia ha recordado que la sanción por fondeo sobre posidonia, según el Decreto 25/2018, pueden oscilar entre los 100 y los 6.000 euros. Si además del fondeo ilegal se puede demostrar la destrucción del hábitat de forma significativa, "se pueden aplicar sanciones más altas (infracción grave) que en el caso extremo podrían llegar a los 200.000 euros".

Por ello, y en comparación con el precio de alquiler de embarcaciones, han temido que la aplicación del régimen sancionador "pueda ser irrelevante para estas empresas" y han incentivado que se busquen otras vías, de acuerdo o coercitivas, para conseguir que respeten la protección de la posidonia.

Del total de barcos identificados, 35 (51 por ciento) navegan "con bandera de paraísos fiscales, mayoritariamente de países del Caribe (Islas Caimán, Islas Marshall, Islas Vírgenes, Islas Cook) pero también de paraísos fiscales europeos (sobre todo de Malta)". En este sentido, el GOB ha afirmado que "para la administración autonómica no será fácil actuar contra los propietarios, previsiblemente empresas, radicadas en estos países".

Así, la entidad ecologista ha considerado necesario que la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca plantee una línea específica de actuación para esta tipología de embarcaciones.