La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León creó el Comisionado de Transparencia como órgano encargado de velar en esta Comunidad por el cumplimiento las obligaciones de publicidad activa y de garantizar la eficacia del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. Sus funciones se atribuyeron al Procurador del Común.

De acuerdo con el mandato establecido en el artículo 13 de aquella Ley, se ha presentado ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León la Memoria anual del Comisionado de Transparencia, documento que debe incluir información sobre el cumplimiento en Castilla y León de las obligaciones previstas en materia de publicidad activa y acceso a la información, según ha informado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En 2017 la Comisión de Transparencia ha recibido 202 reclamaciones frente a denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información pública dirigidas por los ciudadanos a administraciones y otras entidades de Castilla y León, lo que supone el doble de las tramitadas en el año anterior.

De ellas, el 60 por ciento se presentó frente ausencias de respuesta a peticiones de información en las entidades locales (96 Ayuntamientos, doce Diputaciones, doce entidades menores y una mancomunidad) el 21 se presentó frente a la Administración autonómica, el ocho por ciento a las universidades, el resto se presentaron frente otros organismos del sector público local, autonómico o colegios profesionales.

El 80 por ciento de las reclamaciones presentadas se ha interpuesto ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información y un 20 por ciento ante una resolución expresa, donde los motivos que con mayor frecuencia han sido utilizados para denegar la información fueron los de protección de datos personales y la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada.

El 37 por ciento de las reclamaciones se presentó a través de medios electrónicos. En 155 de esas reclamaciones se ha adoptado algún tipo de Resolución por la Comisión; 61 de ellas han sido estimadas, total o parcialmente, y por tanto se ha ordenado a la Administración o Entidad afectada que proporcionase la información solicitada en cada caso y en 43 han sido adoptadas por desaparición del objeto al ser concedida la información solicitada cuya denegación había motivado la reclamación inicial. Cabe recordar que las resoluciones de la Comisión son obligatorias y ejecutivas, quedando sólo la vía contencioso administrativa.

En 2017 se han presentado los tres primeros recursos frente a las resoluciones de las Comisión, que en la actualidad están pendientes de ser resueltos. También se ha constatado que en numerosas ocasiones, una vez presentada la reclamación por el ciudadano e iniciada la tramitación de la reclamación por la Comisión, la administración ha procedido a conceder la información solicitada por lo que se ha procedido a su archivo.

Como ejemplos de algunas de estas resoluciones (cuyo contenido completo es publicado en la Web), se puede señalar que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a sus Relaciones de Puestos de Trabajo y a la ocupación de forma temporal de algunos de ellos, así como las retribuciones o dietas de diversas entidades públicas; se ha solicitado que se proporcionen los datos en materia de publicidad institucional en varias administraciones.

Asimismo, se han solicitado por parte de los ciudadanos tener acceso a expedientes urbanísticos, información económica financiera, autorizaciones o licencias, entre otros temas.

Por otra parte, cumpliendo con el mandato específico contenido en la Ley, la Memoria incluye una parte en la cual se ha tratado de realizar un informe general sobre el cumplimiento en Castilla y León de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información. Cabe recordar que son más de 5.000 entidades en Castilla y León las que están obligadas a cumplir con los parámetros de publicidad activa.

Ante la ausencia de mecanismos jurídicos y medios para profundizar en esta área se ha solicitado la colaboración de las administraciones a través de la cumplimentación de una serie de cuestionarios, que tras su análisis se puede concluir que las administraciones públicas de mayor tamaño están realizando esfuerzos para cumplir la normativa pero más en el aspecto cuantitativo que cualitativo olvidando aspectos como la claridad, la facilidad en el acceso, la reutilización.

Por su parte, las entidades locales de menor tamaño o corporaciones de derecho público los incumplimientos alcanzan ambos aspectos. Con respecto a la Administración local (capitales de provincia, municipios de mayor tamaño o Diputaciones) se constata que continua siendo habitual que estructuren sus publicaciones en función de los criterios establecidos por Transparencia Internacional y relegando a un papel secundario la clasificación de la información en base a la normativa, además del uso excesivo del formato PDF para sus contenidos.

La Memoria del Comisionado de Transparencia debe publicarse en el Portal de Gobierno Abierto y su contenido completo ya está a disposición de todos en la página web del Comisionado (www.ctcyl.es).