Así se ha expresado SCB en un comunicado en el que alerta de que, a su entender, el decreto perjudica "a más de 30.000 navegantes de estas islas, la inmensa mayoría propietarios de llaüts y pequeñas embarcaciones".
La asociación ha criticado que el Govern "ha aprobado el decreto sin la elaboración de la preceptiva cartografía de dicha planta, que el Consell Consultiu les exigía".
Además, ha denunciado "que se haya excluido intencionadamente de dicho decreto la obligatoriedad de legalizar los cerca de 50 emisarios submarinos que vierten al mar balear aguas fecales sin depurar y que, sólo en la bahía de Palma, han dañado irreparablemente más de seis kilómetros cuadrados de esta planta".
En esta línea, han lamentado que el Govern "criminalice" a los navegantes y sus embarcaciones "cuando las zonas de posible fondeo en las Baleares no llegan ni al 1 por ciento del total de la pradera de posidonia oceánica existente".
Por todo ello, han exigido al Govern que retire este "desafortunado decreto, fruto de la ignorancia y las presiones de unos pocos ecologistas allegados", puesto que "limita la libertad de la sociedad civil balear y el libre movimiento por las aguas de las islas".
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