El estudio, encargado al despacho malagueño Ley 57 Abogados, se ha presentado este lunes, coincidiendo con el noveno aniversario del concurso de acreedores de la promotora Aifos, analiza el grado de cumplimiento actual de las leyes que protegen a los consumidores por parte de los promotores de viviendas en promociones que se están desarrollando en la provincia de Málaga.

En todas las promociones estudiadas se ha examinado el grado de cumplimiento de 37 obligaciones que la ley impone a los promotores de viviendas que anuncien la venta de las mismas, según ordena la normativa nacional y autonómica, con especial énfasis en el cumplimiento de la puesta a disposición de los compradores de las garantías obligatorias sobre las cantidades que adelantan los compradores de viviendas sobre plano.

Así, el "informe señala que el 99 por ciento no se refiere a la garantía de las cantidades que perciben durante la construcción, y, de hecho, ninguna incluye en su publicidad visible la referencia a la garantía de tales cantidades".

De 93 obras analizadas, "sólo en una se entregó copia de una línea de avales que en cualquier caso resultaba insuficiente respecto al número de viviendas puestas a la venta por este sistema de cantidades anticipadas".

También se ha analizado el grado de cumplimiento de la normativa nacional y autonómica respecto a la información que debe de estar a disposición de los potenciales compradores, "lo que resulta igualmente muy desfavorable para en consumidor", señala el informe, presentado por el letrado Carlos Cómitre.

Como puede apreciarse, ninguna tiene a disposición del público la totalidad de la información que la normativa exige, debiéndose de destacar que el 89 por ciento ni siquiera pone a disposición del público en Documento Informativo Abreviado, que regula la información mínima a suministrar a los potenciales compradores de vivienda en Andalucía desde el año 2.005.

Asimismo, se indica que el 73 por ciento no ofrece al público el modelo de contrato que se usaría para documentar la compraventa, y el 87 por ciento ni siquiera ofrece información de sus datos de la empresa en el Registro Mercantil. Además, el estudio apunta a que el 46 por ciento no ofrece información escrita sobre la fecha de entrega y el 88 por ciento no informa de los gastos e impuestos que asumiría el comprador.

En la mayoría de ocasiones "o bien el comercial desconocía la obligación de suministrar esta información o bien se dirigía al interesado a su página web -en el la que no estaba tal documentación- o a su domicilio central en Madrid". "Incluso alguna promotora sólo suministraba la información de modo parcial y sólo en inglés", han apuntado.

Las conclusiones del informe destacan que "estos incumplimientos son graves y pueden provocar que en caso de fallido de la promoción se reproduzcan situaciones como las vividas por los afectados de Aifos, 5.000 familias que vieron comprometidos sus ahorros por carencia de las garantías legales".

Por eso, desde SOS vivienda recomiendan a los consumidores "conocer y exigir el cumplimiento de sus derechos antes, durante y después de la compra de una vivienda"; mientras que recomienda a los promotores "realizar un autocontrol de cumplimiento de la normativa y mejorar la formación de sus comerciales". En cuanto a las administraciones se insta a establecer "un sistema eficaz de inspección sobre las obras en desarrollo que permitan una protección efectiva de los posibles compradores ante incumplimientos".