Así, en una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, una vez revisado lo actuado

en la causa, se cite el día 2 de dicho mes al regidor, así como a la edil del equipo de gobierno Maribel Tocón y a un excoordinador de Seguridad, todos con la misma consideración de investigados.

Este procedimiento se abrió para practicar las pruebas necesarias para determinar la naturaleza de los hechos, tras la denuncia presentada por un presunto delito de prevaricación, en la que los 'populares' señalaban que en la revisión de expedientes detectaron "reparos del interventor municipal" a contratos o facturas de 2016.

Un primer escrito se centró en que el habilitado nacional "advierte de irregularidades" en dos casos; el primero, según la denuncia, por contratar con un proveedor más de 65.000 euros "fuera de contrato, fraccionándolos en cinco facturas de importes inferiores al contrato menor, eludiendo así el procedimiento de selección en concurrencia abierta, contratando sin pliego de condiciones ni publicidad".

Al respecto, el escrito apuntaba a que en un informe se pretende amparar la urgencia en contratar los grupos semafóricos, pero se precisa que no se trata de un obra sino de un corte de tráfico para una prueba de peatonalización, con lo que los denunciantes sostienen que se podía haber demorado dicho corte "para que los semáforos hubiesen sido adquiridos respetando la ley".

En el otro caso denunciado, se explica que se amplía el contrato con otra empresa aumentando el pago en 27.000 euros, "ocultándolo a la Intervención", que cuando lo detecta advierte en forma de reparo al pago. Además, se añade que con esta ampliación de un contrato "ya adjudicado sin publicidad" se rebasa el límite cuantitativo que permite ese procedimiento al sumar 84.000 euros.

La denuncia se dirigió contra el alcalde, que según el escrito, habría rubricado un decreto posibilitando la prórroga en el segundo caso denunciado "pese a que como es evidente hubo de advertir que no contaba con la Intervención", y contra la que era edil de Tráfico en 2016 y actual concejala de Hacienda, Maribel Tocón; y el excoordinador de Seguridad, que, según los denunciantes, firmaron las facturas.

En una ampliación de la denuncia, tras examinar otros expedientes, los 'populares' señalaban que el habilitado nacional "advierte de irregularidades" en otras facturas, por lo que consideraron que "lejos de considerarse los hechos denunciados como un caso aislado, en la documentación aportada por nuestro grupo ante los juzgados, se confirmaría la práctica habitual por parte del gobierno municipal".

Asimismo, respecto a las facturas presuntamente irregulares de la denuncia inicial, por las que se contrataron más de 65.000 euros fuera de contrato a una empresa privada, fraccionándolos en cinco facturas, se indicaba que "no solo se ha eludido el procedimiento de selección en concurrencia abierta, sino que se dictó por Alcaldía un decreto en el que se acuerda levantar el reparo del interventor".

También añadían en la ampliación de la denuncia que, "mediante propuesta del concejal de Hacienda, se evita dar conocimiento al pleno para posteriormente pasarlo a junta de gobierno local donde no tienen voz ni voto los partidos de la oposición".