En la rueda de prensa posterior al Gobierno de la ciudad, Rivarés ha recordado que el Ayuntamiento ya ganó en primera instancia esa revisión de precios llevada ante los tribunales por las empresas AUZSA y FCC.

No obstante, FCC recurrió esa decisión ante el TSJA, que ahora ha dado la razón a la compañía por lo que el consistorio ha anunciado que va a presentar un recurso de casación ante el Supremo. Rivarés ha aclarado que ésta es una cuestión que proviene de legislaturas anteriores, cuando no gobernaba en el consistorio Zaragoza en Común.

Asimismo, ha precisado que las cifras que en virtud de esa revisión de precios debería abonar el Ayuntamiento a FCC son 991.944 euros correspondiente al año 2009, ocho millones por los años 2010 y 2011, y 10.846.000 euros por los años 2012 y 2013.

En relación con esta última cifra, ha indicado que ya se ha abonado a la empresa porque así lo obligó la ejecución provincial de la sentencia, pero en caso de que el Tribunal Supremo dé la razón al Ayuntamiento, se le devolverá.

Ha añadido que "cuando una empresa consigue un contrato público debe asumir las condiciones" y si decide hacer modificaciones "es su asunto", para sostener que el Ayuntamiento de Zaragoza va a actuar "en defensa del interés público".

"La ley nos avala", ha sentenciado Rivarés, como ya dictaminó el juzgado de la contencioso administrativo, que dio la razón al consistorio en primera instancia.

El consejero municipal se ha referido así a la normativa estatal que considera que los costes de la mano de obra no se pueden incluir en la revisión de precios, como reclama FCC. Por su parte, esta empresa se ampara en que esa normativa es posterior a la aprobación de los pliegos del contrato de limpieza.