Ésta es una de las medidas que debe adoptar el Ayuntamiento -tendrá que someterse también al acuerdo del Pleno que se celebrará la próxima semana- como consecuencia de la revisión de los valores catastrales que ha llevado a cabo la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para situar los valores de las propiedades inmobiliarias en torno al 50% del precio de mercado. La anterior ponencia data de hace 16 años.

Los ayuntamientos tienen la potestad de establecer entre un coeficiente situado entre 0.5 y 1. La propuesta del concejal Eduardo Martínez-Oliva es el 0.8, con el objetivo de contener así las consecuencias sobre las cuotas a pagar en el IBI por parte de los titulares.

Esta modificación afecta a las construcciones actualmente existentes sobre suelo rústico que tributaban como urbanas y que, a partir de esta nueva ponencia, pasan a tributar en el padrón de rústica.