El fallo, consultado por Europa Press y sobre el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, destaca la "firmeza, seguridad y persistencia" del testimonio de las hijas de la acusada durante el juicio a través de sus "complejas" declaraciones, por las que el juez concluyó que la mujer había sometido a las perjudicadas a una situación "de tensión, de violencia física y psicológica continua, menospreciándolas e insultándolas".

En concreto, la sentencia destaca dos episodios particulares en los que la acusada habría discutido con las menores, el primero en agosto de 2017 en el que, de madrugada, la acusada "llegó al domicilio pidiendo a sus hijas que le dejasen dinero", de forma que ante la negativa de la mayor de ellas, "la cogió del cuello, llegando a causarle una herida sangrante" al tiempo que la insultaba.

Asimismo, el juez recoge como probado una segunda agresión, en febrero de 2018, en la que estando las tres en el domicilio en el que convivían se inició una discusión por el teléfono en el que la mujer terminó agrediendo a sus hijas "con la zapatilla".

Frente a estos hechos negados por la acusada, quien alegó que la denuncia partía de una "venganza" del padre de las chicas al que había demandado por un supuesto impago de pensiones, el juez resalta el testimonio "verosímil" de las hijas, quienes explicaron que su madre "no trabaja" y que la pensión que reciben de su padre es ingresada en una cuenta a nombre de la mayor de ellas porque "no se fía de su madre".

Las jóvenes, que relataron los insultos y agresiones con distintos objetos que habían recibido, explicaron que solían comer en casa de sus abuelos paternos, que vivían en una vivienda del mismo inmueble y que su madre, durante los fines de semana, "sale, bebe y se trae amigos a la casa" de forma que la última vez, antes de que interpusiera la denuncia, "sustrajeron cosas personales" de ellas como "ropa y enseres". Esta situación fue la que "colmó el vaso" y llevó a la mayor de las hermanas a denunciar a su progenitora.

En virtud de la declaración de las jóvenes, el magistrado señala el estado de "violencia psíquica permanente" que la acusada ha "ejercido sobre sus hijas" en el domicilio familiar que "no pueden venir justificadas por la singular manera en la que el padre dispone de la pensión de alimentos para las hijas ingresando el dinero en una tarjeta de crédito a nombre de la mayor".

RECHAZO DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Por esta violencia habitual, el juez impone a la acusada un año y diez meses de prisión después de que la misma rechazara en dos ocasiones en el acto de juicio aceptar trabajos en beneficios de la comunidad y contestar, a preguntas del juez, que "no quería, que iría a la cárcel".

El magistrado también identifica dos episodios singulares por los que determina tres delitos de maltrato en el ámbito familiar ocurridos en agosto de 2017 y febrero de 2018, con lo que por cada uno de ellos le condena a siete meses y 15 días de prisión.

Además de las penas privativas de libertad, la sentencia también impone a la acusada la prohibición de acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con sus hijas durante tres años y seis meses -cinco años y dos meses en el caso de la mayor-, siete años sin poder portar armas y la pérdida de la patria potestad de la menor de la niñas durante tres años.

El teléfono de atención al menor para notificar posibles situaciones de maltrato infantil en Andalucía es el 900851818. Se trata de un servicio para la atención de quejas o denuncias sobre malos tratos físicos o psíquicos, y situaciones de abandono o desatención de menores. Las llamadas pueden realizarse de forma completamente anónima durante las 24 horas los 365 días del año.