La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha destacado este martes la intención de su consejería de incorporar a los ayuntamientos desde el primer momento al debate sobre el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que saldrá a información pública el próximo sábado día 21.

Tras someterlo a información pública se recogerán y analizarán todas las alegaciones que se presenten al mismo para poder tramitar la Ley cuanto antes en el Parlamento. "Creo que la Ley podría entrar en el Parlamento en el mes de octubre para poder aprobarla a finales de año", ha manifestado Varela, que ha insistido en la necesidad de un "debate sosegado y sin prejuicios".

Junto al presidente de la Federación Asturiana de Concejos, FACC, Ignacio García Palacios, la consejera del ramo ha comparecido este martes en rueda de prensa antes de presentar la propuesta de Ley ante la FACC.

"Estamos en condiciones de sacar al debate público y parlamentario una nueva ley que pretende definir mejor y hacer más compatibles las prestaciones", ha manifestado Varela, que ha indicado que se trata de una ley de 102 artículos que suprimiría la Ley de Salario Social. Sobre este asunto la consejera ha destacado como aspecto positivo que "desde el mes de enero ha descendido un 30% las solicitudes para acceder al Salario Social".

El pasado jueves el proyecto de Ley ya fue presentado a los grupos parlamentarios que al igual que la FACC y las entidades del Tercer Sector cuentan ya con toda la documentación.

Varela ha recordado los puntos básicos de este anteproyecto de ley aprobado por el consejo de Gobierno con el que se pretende ordenar e integrar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad y ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las distintas administraciones.

La nueva norma, que constituye uno los compromisos de legislatura del Gobierno de Asturias, plantea la consolidación y mejora del salario social básico como elemento nuclear de un sistema de garantía de derechos. Para ello, incluye medidas para agilizar la prestación, como el uso de la declaración responsable y la simplificación de trámites.

Asimismo, introduce exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, al tiempo que modifica la regulación de los programas personalizados de inserción social, entre otras medidas.

Por su parte el presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, ha destacado que los ayuntamientos suelen ser la primera puerta a la que llaman los ciudadanos más necesitados por lo que ha agradecido a la Consejería que les de información y les explique de primera mano detalles de este anteproyecto de Ley.

Ha indicado que tras esta presentación habrá las correspondientes mejoras o puntualizaciones que sean pertinentes por parte de los municipios y ha insistido en destacar la coordinación entre administraciones locales y regional.