La citación se realiza para que presten declaración como investigados por un presunto delito de calumnias contra las instituciones del Estado y poder así esclarecer los hechos. Se enmarca en las diligencias policiales iniciadas de oficio por Policía Nacional.

La Delegación del Gobierno en Navarra ha señalado que "es el procedimiento habitual cuando se detectan indicios de delito y que, en todo caso, será la autoridad judicial competente la que valore si existe o no tal delito".

Ha añadido que la voluntad de la Delegación es que "se puedan llegar a esclarecer los sucesos de 1978 y, por supuesto, se defienden los derechos y libertades fundamentales de las personas, pero todo ello ni justifica ni ampara el descrédito de las instituciones del Estado ni de la labor que realiza Policía Nacional en aplicación de la legalidad vigente".