La reciente apertura parcial del sumario del caso Las Teresitas -por el que están imputados, entre otros, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia- está dando a conocer algunos detalles que podrían ser claves para la resolución del proceso.

Así, se ha sabido que el abogado Mauricio Hayek, encargado de negociar en 1998 la venta de las parcelas del frente de playa en nombre de sus propietarios originales, cobró tres años después 600.000 euros de Inversiones Las Teresitas (ILT), precisamente la empresa que compró los terrenos. Esa cantidad, cuyo rastro está siguiendo la policía, correspondía a los servicios prestados por su intermediación en la reventa de parte de esos terrenos al Ayuntamiento.

Asimismo, varios de los propietarios originales del frente de playa han declarado ante la jueza del caso, Carla Bellini, que

Otra de las revelaciones del sumario tiene que ver con la sorprendente declaración del alcalde, Miguel Zerolo, que aseguró ante la juez desconocer el expediente municipal y numerosos detalles acerca la compra de los terrenos a ILT, a pesar de que durante años se ha destacado por defender a capa y espada la operación.

Negocio redondo... para algunos

Aunque que la polémica en torno a Las Teresitas se remonta a hace más de medio siglo, la etapa más controvertida comienza en 1998, cuando la empresa ILT compra los terrenos de la trasera y el frente de playa por 5.500 millones de pesetas.

En 2001, el Ayuntamiento le paga 8.750 millones de pesetas sólo por el frente de playa, mientras que el resto es vendido a Mapfre Inmuebles por 96 millones de euros (16.000 millones de pesetas) cuatro años después. Como resultado, ILT obtiene unas plusvalías de unos 20.000 millones de pesetas.

Terrenos no edificables

Por otra parte, el dinero que el Ayuntamiento invirtió en la compra del frente de playa era el triple de lo que indicaba la tasación municipal. Zerolo siempre justificó la operación diciendo que se había logrado el objetivo de evitar la edificación de la zona, pero un informe pericial encargado por la Fiscalía Anticorrupción siembra serias dudas sobre esta afirmación.

Según este documento, la mitad de esos terrenos eran de dominio público por el deslinde marítimo-terrestre vigente entonces y, por tanto, no se podía construir en ellos. Pero eso no es todo, ya que, a juicio de los peritos, el resto tampoco era edificable, al encontrarse en "terreno accidentado".

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