Mientras, cerca de 50.000 familias están siendo sancionadas con 3.000 euros por el incumplimiento de una ley que data de 1976. 

 

La sede del distrito de Sant Martí, desde donde se remiten las multas; el Palau de la Foronda, sede de la Síndica de Greuges, o el propio Ajuntament tienen elementos prohibidos en sus terrazas, aseguran los vecinos. También hay irregularidades, según la Avbat, en la sede de la conselleria de Interior.

 

«Entendemos que el Ajuntament haga estas obras en sus edificios porque son necesarias, pero no que luego sean tan radicales con los vecinos», asegura Lluís Campo, secretario de la Avbat.

 

Esta asociación le recuerda al alcalde, Joan Clos, el artículo 38 de la Carta Municipal, donde se indica que «el Ajuntament de Barcelona tiene que velar porque en la ciudad no se produzcan conductas discriminatorias negativas».

 

Chantajes

 

La Avbat ha alertado de la conflictividad vecinal que ha originado «la falta de adecuación que la normativa promueve» y que ha propiciado «chantajes» de vecinos que les han pedido dinero para no denunciarlos. «160 personas de la asociación han sido denunciadas, y sólo una por el Ajuntament», afirma Campo.

 

 

La Oficina de l’Habitatge (Rambla del Poblenou, 147), donde se informará y se harán gestiones relacionadas con la vivienda en Barcelona, se inauguró ayer. La oficina contará con el apoyo del 010, a través del cual se podrá solicitar información así como día y hora de visita. También se ha creado la web www.bcn.es/habitatge para consultar todo lo relacionado con la vivienda en la ciudad. Jóvenes de la Coordinadora contra el 22@ pidieron explicaciones al alcalde por la política urbanística en el distrito y denunciaron que la Guàrdia Urbana les pidiera el DNI mientras asistían a la inauguración. Joan Clos evitó hablar con ellos. No así el concejal Paco Narváez, que les emplazó a reunirse con él.