La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes que el traslado de los líderes independentistas presos a cárceles catalanas "está ya abierto", al haber concluido el juez Pablo Llarena las diligencias del caso en el Tribunal Supremo y cumplirse los requisitos exigidos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha especificado los dos requisitos marcados: que la persona presa solicite el traslado y que haya un informe de Instituciones Penitenciarias que confirme su arraigo en el lugar al que quiere ser trasladado.

"Parece que ambos requisitos se han cumplido, por tanto está abierto ya el traslado", ha añadido la portavoz, sin poder precisar fechas concretas ni el orden en el que se efectuará.

El Gobierno ha decidido dar el paso después de que el Tribunal Supremo confirmara el pasado miércoles el procesamiento de los 25 investigados en la causa del 'procés', trece de ellos por rebelión.

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, preguntó a Llarena si ya había concluido la instrucción y el juez, a través, por el momento, de dos providencias, ha respondido que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto".

Llarena ha dejado claro al Gobierno que cualquier decisión respecto al acercamiento a cárceles catalanas de los presos soberanistas queda "sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

Este viernes mismo ha dictado una providencia en ese sentido en los casos del exvicepresident Oriol Junqueras y al exconseller de Exteriores Raül Romeva.

Este jueves resolvió lo mismo en los casos del diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y a la exconsellera Dolors Bassa.

Además, Celaá ha descartado que el Ejecutivo vaya a excarcelar presos etarras o promover progresiones de grado y ha recalcado que los acercamientos se harán de forma individualizada, progresiva y de acuerdo con la ley.

Celaá ha subrayado que "para nada" el Ejecutivo se plantea esas excarcelaciones o progresiones de grado, que son decisiones que competen a las juntas de tratamiento de las prisiones y a Instituciones Penitenciarias.

También ha negado que ese traslado se vaya a hacer a través de un pacto "ni nada que se le parezca" y ha pedido abandonar las "especulaciones infundadas", que solo generan "malestar" y "desconfianza" a las víctimas del terrorismo.

Ha prometido al respecto que ese acercamiento se hará de forma individualizada, progresivo, de acuerdo a la ley, con transparencia, con dignidad y justicia para las víctimas y de manera empática con ellas".

Celáa ha señalado que el proceso para identificar a los primeros presos que pueden ser trasladados corresponde a las juntas de tratamiento penitenciario y a sus profesionales y no es una decisión que tomará el Gobierno.

En una conversación informal con periodistas esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró partidario de empezar por el acercamiento de los presos "enfermos terminales y los que tienen 70 años", pero Celáa ha señalado que "esto no agota el sistema".

"Se hará conforme a la ley", ha destacado la portavoz para recordar a renglón seguido que el procedimiento de identificación se inició ya con el Gobierno precedente, en torno a los meses de febrero o marzo.

Celaá ha recordado también que entre 1996 y 1999 el Gobierno de José María Aznar acercó a 105 presos al País Vasco y tuvo "el mayor respaldo y comprensión" desde la oposición, que entendió que era "una política orientada a una mejor convivencia y una más rápida finalización del terrorismo".