De esta forma, el Ejecutivo regional de Javier Lambán impulsa el acuerdo de reforma del gravamen alcanzado inicialmente con Ciudadanos, centrado en la elevación del mínimo exento a 500.000 euros, y posteriormente con PP y el PAR.

Ha defendido el texto el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, quien ha expuesto que el objetivo es "minimizar los posibles efectos perjudiciales" del gravamen sin generar una "pérdida recaudatoria que ponga en riesgo la solvencia financiera" y el mantenimiento de los servicios públicos.

El consejero ha subrayado "la finalidad progresiva del impuesto" y ha abogado por armonizarlo para que "lo que tributan los aragoneses no sea distinto" al resto de comunidades autónomas, lo que "todavía no se ha producido".

Se ha remitido a un informe autonómico presentado meses atrás, según el cual solo 167 aragoneses -dependiendo del año- superarían las herencias de más de 500.000 euros y abonarían en total 30 millones de euros. Ha dicho que "los efectos -de la reforma- no repercuten para nada en los ingresos de este año y muy poco en los del próximo año".

Fernando Gimeno ha dicho que "ya hay una agenda tributaria distinta" y, de hecho, la reforma del gravamen se va a debatir en el conjunto de España, además de que se plantea esta cuestión como un problema de ingresos, que afecta al conjunto de la cesta tributaria.

Ha continuado afirmando que con esta reforma "nos quedaremos por debajo de los que va a aprobar el conjunto de las comunidades", dentro de los límites de la autonomía fiscal.

PRINCIPIOS

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha resaltado que el Gobierno ha impulsado esta reforma "sin renunciar" a sus principios y a su política fiscal, de forma que los socialistas siguen creyendo en la armonización, la existencia de este impuesto y la progresividad fiscal.

"Las grandes herencias seguirán pagando y es justo que paguen, aunque también se beneficiarán de la reforma", ha asegurado Sancho, añadiendo que "es difícil entender que en otras comunidades no se pague y en Aragón sí".

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha dejado claro que "esto no es un acuerdo entre la derecha y la izquierda", sino "entre aquellos que quieren solucionar un problema y quienes nunca quisieron afrontarlo", criticando la "demagogia absoluta" del diputado de CHA Gregorio Briz. Ha agradecido "la lealtad" de Gimeno, quien "no nos lo ha puesto fácil".

"En Aragón necesitamos más clase media", ha enfatizado Martínez, quien ha recalcado que los objetivos de Cs son "suprimir" el gravamen para este sector y "no poner en peligro los servicios públicos ni las inversiones" del Gobierno autonómico.

"A estos grupos de izquierdas no les he oído hablar nunca del control de gastos", ha lamentado el parlamentario popular Antonio Suárez, quien ha manifestado que otras comunidades gobernadas por el PSOE "han ido bajando los impuestos", mientras que el Gobierno de Aragón se ha situado "con la izquierda más izquierda" pese a "la mano extendida del PP" en esta materia.

Ha defendido "que los aragoneses paguen lo mismo que la media del conjunto de los españoles" y ha avisado de que "el PP va a seguir en la brecha" en materia fiscal.

La parlamentaria del PAR, Elena Allué, ha señalado que "no han sido años fáciles" y ha puesto de relieve la "presión social" existente para propiciar la reforma del impuesto, mencionando a la entidad Aragón Stop Sucesiones.

El PAR ha sido "uno de los más beligerantes" al considerar que es un gravamen "injusto porque penaliza el esfuerzo de toda una vida", ha continuado Allué, quien ha aludido a las numerosas iniciativas presentadas por este Grupo a lo largo de la legislatura.

REFORMA REGRESIVA

En opinión del diputado de Podemos, Héctor Vicente, esta es "una reforma regresiva que nos va a costar millones y millones a costa de la mayoría de los aragoneses", observando que "todavía hay alumnos que están dando sus clases en barracones".

Vicente ha criticado al PSOE por "hacer regalos a los ricos", afirmando que este partido está "a tiempo de cambiar las cosas" y ha recordado que la legislatura comenzó con siete mil personas en las

listas de espera de atención a la dependencia.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha lamentado que "la izquierda está comprando el discurso neoliberal" y ha advertido de que la política fiscal es "la piedra de bóveda para la financiación autonómica".

Ha comentado que la Ejecutiva de CHA ha acordado votar en contra, pese al acuerdo inicial en el seno del Gobierno, considerando que el acuerdo posterior del PSOE con PP y PAR "lo que hace es adulterar y cambiar el texto antes de su tramitación".

La portavoz de la Agrupación Parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha emplazado a realizar "un debate global" sobre la agenda tributaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ha echado en cara a Gimeno que "ha pactado con la derecha" y que "da la espalda a la inmensa mayoría social de la ciudadanía aragonesa".

Luquin ha apuntado que este gravamen solo afectaba al cinco por ciento de la población y que este "un impuesto de clase" para "evitar la concentración en pocas manos de la riqueza".