Según informan los diarios 'Levante' y 'El Mundo', las facturas supuestamente falsas podrían alcanzar un valor de hasta un millón de euros y la investigación se centra por ahora en diez años de actividad de la institución.

Así mismo, indican que, en concreto, el juzgado deberá analizar los movimientos con la tarjeta de respostaje realizados a primeros de agosto de 2017 y los registrados en abril, cuando se cotejaron los gastos cargados.

Dichas informaciones señalan que en abril de 2017, cuando el subdelegado del Gobierno se encontraba en viaje privado en Roma con su familia, su vehículo oficial, que estaba estacionado en la cochera, llegó a repostar hasta cinco veces en un mismo día.

Además, el juzgado también investiga la denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno sobre la presunta manipulación del kilometraje de vehículos oficiales de la institución y gastos de reparación sospechosos visados por uno de los investigados.

Según dichas informaciones, también se analizan facturas emitidas por proveedores a la Subdelegación y pagadas por los dos investigados, uno de ellos jubilado; y el juzgado también debe resolver la discrepancia de la facturación relacionada con el suministro de material informático.

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