Así lo ha anunciado Ecologistas en un comunicado en el que precisa que el pasado 18 de junio se presentaron las conclusiones de esta organización ante el TSJA contra la resolución que firmó el 25 de enero de 2015 la directora general de Minas de la Junta de Andalucía -entonces María José Asencio- autorizando el reinicio de la actividad minera del Proyecto Riotinto a la empresa Emed Tartessus, que poco después se convirtió en Atalaya Mining.

Según Ecologistas, para reiniciar la actividad minera en Riotinto era necesario poner de nuevo en operación la "inmensa" balsa de lodos que ocupa 530 hectáreas y contenía 340 millones de toneladas de residuos tóxicos acumulados desde su paralización en 2001.

Está formada por tres secciones dispuestas en cascada, denominadas Gossan (ya colmatada), Cobre (iniciada en 1970 y recrecida en 1979) y Aguzadera (iniciada en 1987 y recrecida en 1995).

Desde Ecologistas apostillan que el reinicio autorizado implica nuevos recrecidos de las balsas de Cobre y Aguzadera durante cinco años, para poder albergar otros 166 millones de metros cúbicos de nuevos lodos, lo que supone diez veces más cantidad de lodos de los que albergaba la balsa de lodos de Boliden que reventó en Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998.

Por eso, Ecologistas en Acción recurrió la autorización ambiental de 2014 del Proyecto Riotinto y la de reinicio de 2015, porque entiende que "ambas ponen en grave riesgo la seguridad de las balsas, y porque

vulneran la legislación europea en materia de Evaluación Ambiental Estratégica", y "ahora el TSJA tendrá que decidir sobre la nulidad de ambas autorizaciones".

Desde la organización consideran que "la situación de riesgo de rotura en las balsas de Riotinto ha llegado actualmente a tal punto de inseguridad" que por eso desde Ecologistas en Acción han solicitado al TSJA "la paralización cautelar de los vertidos de lodos en esas balsas, para evitar precisamente que se pueda producir esa rotura antes de que el Tribunal dicte sus sentencias".

Desde Ecologistas explican que, en este caso actual de Riotinto, "para garantizar supuestamente la seguridad de los recrecidos autorizados, las autorizaciones ambiental y de reinicio imponen que, antes de verter los lodos a las balsas, la empresa tiene la obligación de espesar los lodos hasta conseguir un contenido en sólidos superior al 50 por ciento", si bien "expresamente se indica en la resolución de reinicio de enero de 2015 que esta es una de las 'condiciones especiales cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación'".

Sin embargo, según añade la organización ecologista, "la autoridad minera conoce perfectamente desde hace dos años que Atalaya Mining incumple las condiciones especiales impuestas" pese a lo cual "lo sigue permitiendo, a costa del riesgo de rotura de las balsas de lodos que se está generando".

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